La Contraloría de Jalisco detectó inconsistencias en nóminas y en el control de pasivos o deudas en dependencias como la Fiscalía General, el Instituto de Pensiones y el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud. Aunque los hallazgos son parte del proceso de entrega-recepción de la administración estatal, las anomalías coinciden con señalamientos anteriores, lo que pone en evidencia la existencia de complicidades. “Hoy, ya no roba una persona, son redes, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso lo tenemos claro”, afirma la contralora del Estado, Teresa Brito, tras los procesos de entrega-recepción.En el Capítulo 1000 (nómina) se encontraron empleados sin contrato o con salarios distintos al monto estipulado. “Se trata de trabajadores que aparecen en un lugar de adscripción, pero ese trabajador está en (otra área)”.En los registros de deudas, por ejemplo, hay facturas sin la documentación completa por montos desde 50 mil pesos hasta cinco millones de pesos. “Hay un desorden y no hay transparencia para conocer si las finanzas de esas instituciones son sanas. Eso es algo muy grave. Llegan proveedores con una factura a cobrar por un servicio y no hay ni contratos ni está registrado como un pasivo”.Además, la Contraloría ya denunció nuevas irregularidades en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por una posible violación a la cadena de custodia.Debido a que la entrega-recepción culminó el pasado 15 de febrero, Brito reporta que están por emitir un dictamen final de los procesos que se siguen en contra de ex funcionarios por uso indebido de atribuciones o por no actuar conforme a su competencia. “Eso provocó daño al erario”.Durante su periodo como contralora del Estado, Teresa Brito ha presentado 16 denuncias, principalmente por delitos de peculado y desvío. Detalla que la Contraloría hizo 13 señalamientos de forma independiente y tres en coadyuvancia con otras dependencias.La primera denuncia se presentó el 26 de diciembre de 2016 contra el ex gerente del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), por la compra indebida de Casa Jalisco en Chicago, Estados Unidos. “Al no cumplir con los lineamientos se adquirió algo distinto a lo aprobado y con un precio mayor del autorizado”.El inmueble se compró por tres millones 500 mil dólares, un estimado de 43 millones de pesos de aquel entonces. Además, se destinaron más de 18 millones de pesos para su remodelación y equipamiento.Este medio publicó el pasado 11 de noviembre que las autoridades fracasaron en el intento por vender el inmueble, que lleva más de dos años sin operar.En otras cinco denuncias presentadas por la Contraloría está involucrado el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), otras cuatro corresponden al Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud, otras dos son en contra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y una más está relacionada a la Fiscalía General del Estado.Por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones, la Contraloría denunció a su ex director administrativo. Se indicó que destinaron tres millones 987 mil pesos para la adquisición del software llamado Calipso, el cual no se entregó a la dependencia.El 5 de octubre de 2017 se presentó una denuncia que involucra al Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome), por la opacidad en los estados financieros que derivaron en quebranto y daño patrimonial por 498 millones 529 mil pesos. Cuatro directivos están acusados por los delitos de peculado y desvío.El 3 de febrero de 2019 se documentó que la liquidación del Sistecozome ha costado más de 211 millones de pesos, entre deudas, finiquitos, demandas y jubilaciones. Sin embargo, aún no se concluye con el proceso de extinción del organismo público descentralizado.Finalmente, se acusa de peculado al director administrativo de la Comisión Estatal del Agua (CEA). En la síntesis de la denuncia, presentada el 3 de enero de 2019, se explica de un posible desvío de recursos por el pago a la empresa para la recuperación de impuestos ante la Secretaría de Hacienda, por 13 millones 456 mil 124 pesos.Otra de las dependencias con varios señalamientos es el OPD Servicios de Salud, con cuatro denuncias que involucran al Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”.La primera acusación se realizó el 19 de septiembre de 2017, por la sustracción de medicamentos de alto costo y recetas médicas irregulares. La segunda denuncia, realizada el 10 de enero de 2018, fue por el mismo motivo, con un daño al erario por nueve millones 590 mil pesos.El 26 de marzo de 2018 se detectaron compras fraccionadas por alrededor de cuatro millones de pesos. Esas tres denuncias se encuentran en la etapa de integración por parte del Ministerio Público. Otra acusación presentada el 8 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción fue por compras excesivas e irregulares del mismo proveedor, por un monto de alrededor de ocho millones 266 mil pesos.Teresa Brito recuerda que cuando Alfonso Petersen entró a la Secretaría de Salud en octubre de 2017, en lugar de Antonio Cruces Mada, se realizó una auditoría a propósito del proceso de entrega-recepción. Detalla que muchas de las observaciones realizadas ya son irregularidades que no se solventaron.“Seguramente habrá algunos resultados en términos de responsabilidad administrativa, que ya van caminando… y quizá alguna acción de orden penal”.Además de las denuncias por desvíos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares a “La Máter” en julio de 2018. Esto, luego de que una mujer diera a luz en la sala de espera del lugar. En noviembre de ese año se informó que remodelaron áreas para mejorar la atención y atender las recomendaciones.De las 16 denuncias presentadas por la Contraloría del Estado, cinco corresponden al Instituto de Pensiones. La primera se interpuso el 26 de diciembre de 2016 por la realización de un crédito con una garantía falsa. El monto señalado fue de 305 mil 400 pesos. Dos días después, la dependencia presentó una más por el mismo motivo. La cifra observada fue de 306 mil pesos.Por este caso, hasta tres servidores públicos estarían involucrados en delitos de asociación delictuosa, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y falsificación de documentos.Después, la Contraloría del Estado presentó una denuncia por alteración de facturas y sobreprecio en medicamentos. Y el 27 de febrero de 2018, se documentó la compra fraccionada de medicinas a una empresa por un monto de 80 millones de pesos.Los señalados por “desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades” laboraban en el área administrativa y farmacias.Por último, el 19 de febrero de este año se denunciaron a seis ex funcionarios por irregularidades en el proceso de compra, custodia y suministro de medicamentos en las farmacias dependientes del Área de Servicios Médicos Subrogados del Ipejal.Este desorden generó que se encontrara un medicamento falso. De acuerdo con la Contraloría, el fármaco que se conoce como Aclasta fue proveído por una empresa de insumos para la salud.Teresa Brito puntualiza que la denuncia abarca todo el proceso: desde que entraban los medicamentos al área de servicios médicos, hasta su entrega a los pensionados.“Encontramos una desatención por parte del comité técnico de evaluación. Como agravante, hubo una denuncia ante la Procuraduría General de la República sobre un medicamento que resultó falso. Refiero que por esos descuidos hay una empresa con la que se pudieron ver condescendientes”.Este medio documentó el pasado 18 de febrero que, según un estudio actuarial, peligraban las pensiones en el Ipejal por falta de recursos, debido a que aumentaron los jubilados en comparación con los trabajadores en activo.“Llegará el momento en que el Instituto no pueda cubrir los gastos con los ingresos regulares. Se espera que, en no más de dos años, entre en la fase que tendrá que usar los intereses de la reserva para cubrir el gasto en pensiones”.En el estudio se alertó que el aumento de jubilados y la reducción de trabajadores ha provocado que disminuya la suficiencia presupuestal del fondo de ahorro. El titular del Ipejal, Iván Argüelles, dijo que la estrategia para atender el tema sería “no robarse” el dinero de los trabajadores.Por el caso de los cadáveres que deambularon en un tráiler, la Contraloría del Estado citó a declarar a 18 funcionarios. Después, el 25 de octubre de 2018, denunció a la Coordinación Administrativa de la Fiscalía General por la contratación indebida y falta de contrato por el arrendamiento de dos cajas frigoríficas a la empresa Logística Montes y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por la negligencia de los servidores públicos en el tratamiento de los cuerpos no identificados.La denuncia contra el IJCF que se presentó el 13 de noviembre de 2018, actualmente se encuentra en etapa de investigación en la Agencia 3 de la Fiscalía Anticorrupción.Sin embargo, debido a que se dieron cuenta que varios funcionarios no atendieron las observaciones, la Contraloría decidió presentar otra denuncia el pasado 28 de febrero.En el documento se indica que existen probables violaciones a la cadena de custodia, además de “uso ilícito de atribuciones y facultades y/o por el delito que resulte”.Teresa Brito explica que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los trabajadores en áreas forenses deben preservar la cadena de custodia. “Encontramos diferentes espacios, un gran desorden respecto a elementos que pueden ser pruebas para integración de expedientes. Una serie de elementos que debieron estar clasificados, una violación a la cadena de custodia. Si en algún momento se pudo identificar al culpable, ahora va a ser más complicado”.La ley establece que los funcionarios entrantes a la actual administración estatal tienen 30 días hábiles para manifestar hallazgos sobre irregularidades en el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, las inconsistencias que salgan posteriormente pueden incluirse en el programa anual de trabajo de la Contraloría del Estado.“Las auditorías son selectivas, pero si hay un tema nuevo entramos a auditar y lo incorporamos”, destaca Teresa Brito.Menciona que, por ejemplo, comenzaron una auditoría en la Secretaría de Educación luego de que el nuevo titular, Juan Carlos Flores denunciara una red de posible venta de plazas e irregularidades en el programa de robótica.Dice que la Fiscalía del Estado está acumulando elementos que pudieran ser constitutivos de un delito porque ya había recibido otras denuncias de venta de plazas.Sobre el tema de robótica, indica que los auditores de la Contraloría están en la etapa de revisión de expedientes de tres empresas respecto a cinco contratos en la anterior Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).El foco está en la experiencia que tenían las compañías en capacitación y armado de robots, si tenían domicilio legal en Guadalajara o hubo subcontrataciones. “Encontramos una serie de inconsistencias, como capacitación dada que no aparece como cierta, en eso estamos en la auditoría”. GUÍAEn septiembre pasado, este medio publicó que 11 empresas habían demandado a la Secretaría de Salud por deudas. Debido a que los casos estaban activos, no se indicó cuánto era el monto total que reclamaban, pero en conjunto solicitaban que se cubrieran 303 adeudos.Alfonso Petersen, anterior titular, respondió que los pasivos no estaban documentados, por lo que la Secretaría de Salud no podía pagarlos hasta que se demostrara que las empresas sí otorgaron los servicios o los productos.Por ello, algunas compañías llevaron los casos a tribunales. Por ejemplo, el año pasado la empresa Servicios de Ingeniería en Medicina de Occidente interpuso un juicio ante la Primera Sala del Tribunal federal para exigir el pago de 48 adeudos por la venta y renta de equipo médico. Por su parte, la compañía Hemoser reclamaba 239 pagos pendientes por la compraventa de productos para laboratorio. 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