Un estudio actuarial realizado al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) reveló que el aumento de jubilados y la reducción de la base de trabajadores en activo ha provocado que disminuya la suficiencia presupuestal del fondo de ahorro de la institución.“Llegará el momento en que el Instituto no pueda cubrir el gasto con los ingresos regulares. Se espera que en no más de dos años entre en la fase en que tendrá que usar los intereses de la reserva para cubrir el gasto en pensiones”, se especifica en la evaluación que llevó a cabo el despacho Farell Grupo de Consultoría.El documento refiere que de 2005 a 2017 el número de pensionados pasó de nueve mil 723 a 31 mil 764 (227% más). También se advierte sobre la baja de la base trabajadora en activo, cuyas aportaciones soportan el pago de jubilaciones.Explica que hace 14 años había 10.7 trabajadores en activo por cada pensionado. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el estudio había 3.8 empleados en funciones por cada pensionado.Sobre la suficiencia presupuestal de las reservas del Ipejal, en una revisión hecha en 2014 se proyectó que alcanzarían hasta 2029; pero el nuevo análisis las redujo a 2027. Esto implica que, de mantener la tendencia, en ocho años ni el fondo, ni las aportaciones serán suficientes para cubrir los gastos.Este medio solicitó una entrevista con Iván Argüelles, titular del Ipejal, para conocer las medidas que se toman al respecto, pero no hubo respuesta.Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana (UP), explicó que se requiere un cambio estructural en el cálculo de las pensiones de los burócratas.Comentó que se deben analizar alternativas como aumentar la edad de jubilación o incrementar el monto de aportaciones. Dijo que, aunque sean medidas poco populares, los involucrados deben revisarlas si buscan evitar que “estalle la bomba” en el sistema de jubilación.“Lo que hace el estudio es mostrar la fragilidad y sobre todo la urgencia de tomar acciones para evitar esa situación de insuficiencia”, agregó.Juan Pelayo Ruelas, titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), señaló que los resultados de la evaluación encienden “focos amarillos” que no deben generar alerta entre los trabajadores. Acentuó que buscan opciones para evitar el colapso.“La nómina crece un promedio de 275 jubilados por mes; en el año más de tres mil. Se deben buscar formas de perfeccionar la inversión. Hay preocupación, pero se buscan alternativas”, comentó.Los resultados de las inversiones hechas con recursos del Instituto de Pensiones (Ipejal) han sido malos y mermaron el patrimonio del organismo, señaló Cuauhtémoc Peña Cortés, dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM).Argumentó que tras la reforma hecha en 2009, que autorizó el uso de ahorros, se incurrió en errores que comprometen los recursos de los burócratas como la inversión en el complejo inmobiliario de las Villas Panamericanas o haber comprado acciones de la empresa Abengoa, que participó en el proyecto de la presa El Zapotillo.“La corrupción en Ipejal hizo metástasis y se necesita una cirugía mayor: que cambie la Ley de Pensiones para que tengan más representación los trabajadores directamente”, comentó.Peña Cortés resaltó que la nueva administración debe romper la inercia de corrupción, buscar ajustes que favorezcan a los trabajadores y sancionar a los responsables de las malas decisiones que generaron pérdidas.Luego de que fue presentado como nuevo titular del Ipejal, Iván Argüelles Sánchez reconoció que las malas inversiones mermaron el capital del Instituto y afirmó que hubo pérdidas. Acentuó revisarían a cuánto ascendió el daño, pero a dos meses de que asumió el cargo no se han hecho públicos los resultados del análisis.“Desafortunadamente ese dinero ya está perdido. Por ejemplo, en el caso de Abengoa con 603 millones de pesos en unas acciones que actualmente valen la cuarta parte”, dijo en noviembre pasado.Argüelles planteó dar seguimiento a las denuncias presentadas por las presuntas anomalías desde la anterior administración y transparentar las inversiones. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce si hay avances.Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana (UP), explicó que ese tipo de irregularidades contribuyen a incrementar la crisis de los fondos de pensiones.El especialista refirió que en el corto plazo se presentarán grandes retos para mantener a flote los esquemas de retiro de trabajadores de dependencias federales, estatales y de universidades públicas.Presiones financierasEn 2017 concluyó la etapa de incremento gradual de cuotas y aportaciones, establecida en el Artículo 39 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. En la reforma de 2009 se fijó un calendario de alzas en el monto de las aportaciones que pasaron de 13% a 32% durante ese periodo. El estudio actuarial precisa que al terminar el aumento anual es imposible que los ingresos del Instituto puedan igualar el ritmo de crecimiento del gasto, por lo que se espera que enfrenten presiones financieras cada vez más fuertes.La deuda por aportaciones no reportadas al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) alcanzó los 570 millones 558 mil pesos hasta la segunda quincena de enero.De acuerdo con el informe publicado en el portal de transparencia del Instituto, Puerto Vallarta es el mayor moroso con saldo pendiente de 221 millones 967 mil pesos, que corresponde a 57 quincenas vencidas.El Ayuntamiento de Zapopan debe 77.4 millones por no reportar los recursos de dos quincenas. También aparecen en el listado la administración municipal de Chapala y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Zapopan, con 53.9 millones cada uno.Los ayuntamientos de Tonalá, Tamazula, Autlán, Tala y Zapotlán tienen retrasos en los pagos; al igual que dependencias como el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Servicios y Transportes, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.El retiro de ex funcionarios de primer nivel que reciben pensiones por arriba de los 100 mil pesos no es una cuestión ilegal, aseguró Juan Pelayo Ruelas, titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).Afirmó que revisaron casos como los de los ex secretarios Roberto López, Héctor Pérez Partida y Daviel Trujillo, quienes cumplieron con lo que marca la ley, pues como ingresaron al servicio público antes de la reforma de 2009, pueden jubilarse al cumplir 30 años en esta actividad (sin importar la edad) y se pensionan con la totalidad del sueldo tabular promedio de los últimos tres años.Pelayo Ruelas también justificó el retiro solicitado por Salvador Cantero Aguilar, Esteban de la Asunción Robles y Leonel Sandoval Figueroa, ex magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.“Se jubilaron por años de servicio, cumplieron los requisitos que marca la ley, con derechos que ya ellos tenían antes de la reforma. No hay ninguna ilegalidad, no lo permitiríamos”, comentó.Por otra parte, Cuauhtémoc Peña Cortés, dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), sostuvo que las jubilaciones “doradas” que reciben algunos ex funcionarios de primer nivel son parte de los abusos que han provocado la crisis en el sistema de retiro de los burócratas.“El manejo discrecional de los fondos sirve para eso, para que se despachen con la cuchara grande los mismos que representan la parte patronal como Gobierno. Los funcionarios de primer nivel tienen todo que ganar, además de que tuvieron grandes salarios, al final se retiran con esas pensiones jugosas en detrimento de todos los que han aportado por años”, agregó.CLAVESAnálisis. Analizar a la brevedad, estrategias que conduzcan al diferendo de la demanda de pensiones de los trabajadores incorporados antes de la reforma de 2009.Supervisión. Vigilar la incidencia de pensiones de invalidez, pues el número de pensiones de este tipo representa el 14% del total.Rendimientos. Monitorear los rendimientos de la reserva actual. La presión financiera derivada de la demanda creciente de pensiones acentuará la necesidad de buenos rendimientos.Inversión. Vigilar la evolución de los servicios médicos que se cubren a los pensionados, efectuar un estudio que permita detectar las áreas de oportunidad para optimizar el gasto.Ajuste. Establecer un gobierno corporativo para la administración del Fondo de Pensiones que por una parte permita contar con la liquidez optimizando tasas de retorno y minimizando el riesgo de inversión.Observación. Hacer estudios actuariales de manera anual para tener en constante observación la dinámica de la población y poder así implementar medidas preventivas de manera oportuna.
