El asesinato de Giovanni López a manos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, la excesiva fuerza con el que fue detenido un hombre en Tala por acudir a comprar comida sin cubrebocas y la detención de un académico del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) por querer ingresar al municipio de Chapala: esos son los tres casos emblemáticos con los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) concluye que, durante la contingencia sanitaria, los diferentes cuerpos policiales de la Entidad han utilizado una fuerza excesiva que victimiza y lacera a la ciudadanía.Por ello, la comisión reitera que es necesario un cambio en las prácticas administrativas, pues “existe una falta de capacitación al personal de seguridad pública que genera la violación constante de derechos humanos”. La CEDHJ recuerda que desde el 19 de abril se hizo caso omiso a sus observaciones cuando señaló sobre el posible uso desmedido de la fuerza policial luego de que el gobierno del Estado informara de algunas medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, el aislamiento físico y la advertencia de que los uniformados harían cumplir esa ley.En ese sentido, la CEDHJ recuerda que emitió recomendaciones en las que solicitaba a las autoridades correspondientes que las sanciones debían de hacerse de forma gradual y proporcional a la falta cometida. “Sólo se procederá al arresto cuando previamente se han dictado otras sanciones como la amonestación con apercibimiento, la multa o la clausura, ponderando el grado de incumplimiento”.Pero en su lugar, los municipios adoptaron la medida de arrestar a las personas que no acataron las medidas sanitarias. Según el reporte de la CEDHJ, durante la primera semana de las medidas emitidas -del 20 al 26 de abril- se arrestaron a 68 personas en San Pedro Tlaquepaque. Inclusive detalla que el 12 de mayo de 2020 se tuvo conocimiento que se arrestaron a 412 personas en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).La CEDHJ enfatiza que dichas medidas “han provocado un distanciamiento entre la autoridad y la población, que en tiempos de crisis pudiera agravar el ambiente de malestar social, y con ello se ha propiciado la violación probablemente involuntaria, pero sistemática, de derechos humanos”.Como respuesta de la sociedad, del 11 de marzo al 31 de mayo se presentaron 246 quejas (considerando una colectiva que integra 214) por hechos relacionados con actuaciones derivadas de la contención de COVID-19 en Jalisco.De éstas, el 89 por ciento fueron por el probable ejercicio indebido de la función pública. Respecto a las quejas individuales, el 12.5 por ciento se relacionó con las restricciones derivadas de la aplicación de medidas contra la contingencia. La CEDHJ reitera que es necesario evitar que los uniformados municipales incurran en actos discrecionales que estén fuera del marco legal nacional e internacional de respeto a los derechos humanos.JM
