El homicidio de Giovanni López fue considerado como “una ejecución extrajudicial” por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).El organismo destacó que luego de una investigación halló “elementos suficientes” para acreditar el uso excesivo de la fuerza y tortura durante su detención por parte de elementos de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Indicó que se violentaron sus derechos humanos. Entre éstos, a la seguridad jurídica, presunción de inocencia, libertad personal, principio de legalidad, y de la vida y dignidad.“Su fallecimiento ocurrió cuando se encontraba bajo la custodia de elementos policiales y en instalaciones del Gobierno municipal”, resaltó la CEDHJ.Por segunda ocasión, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, acudió a declarar ante la Fiscalía del Estado. Ayer lo hizo “en calidad de testigo”, luego de que se le requiriera para comparecer por los hechos en los cuales Giovanni López presuntamente fue asesinado por policías del municipio que gobierna.Llegó a la Visitaduría de la dependencia poco antes del mediodía y se retiró tres horas después. Al salir habló poco, pero afirmó que “aportó todo lo que sabe”. “(Estoy) colaborando para que se esclarezcan los hechos, y si hay responsables, se castiguen. Lo que todo mundo queremos es que se castigue este hecho”.No quiso hablar sobre sus tres policías municipales que ya han sido vinculados a proceso. Según la familia de Giovanni, Eduardo Cervantes ocultó que el joven había fallecido la misma noche en la que fue detenido, e incluso ofreció 200 mil pesos para que no mostrara el video en el cual se ve cómo los policías de Ixtlahuacán se lo llevaban. El munícipe no ha aceptado esas acusaciones.Tras la privación ilegal de la libertad de al menos 60 jóvenes en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado, quedan secuelas.A Yaneth, por ejemplo, le da miedo salir sola. Teme que la “desaparezcan”.“Sabemos que tienen nuestros datos. Sé que saben dónde vivo, quién es mi familia y amigos. Me da miedo salir sola por miedo a que me desaparezcan una vez que baje la guardia; que lleguen a mi casa y me saquen”.Insistió en que sólo ejercía un derecho a manifestarse y que nadie cometió delitos. “Fueron detenciones al azar para causar terror”.Compartió que, durante el tiempo que permaneció en “las jaulas” de la Fiscalía, “entraban y salían muchos policías. Siempre insultaban, en especial a los hombres, y los golpeaban más. Había siempre (policías) adentro para que no volteáramos. Hablaban en claves y nos decían que nos iban a soltar, pero que si nos volvíamos a acercar a la Fiscalía nos iban a desaparecer y ya no la íbamos a contar”.Luego se los llevaron en camionetas disfrazadas con logotipos de otros servicios. Y entre insultos y burlas, también les repetían que “era su culpa por alborotadoras”, que “ellos eran los buenos” y que tuvieron suerte de que no los detuvieran “quienes sí nos descuartizarían o matarían”.Después del viernes, Yaneth comenzó a ir a terapia. Responsabilizó a la Fiscalía y al Gobierno de Jalisco de cualquier cosa que le suceda.En una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional que se creó para atender y resarcir los daños a los jóvenes “levantados” por personal de la Fiscalía estatal el viernes pasado, se sugirió cambiar de domicilio a los afectados.De acuerdo con un comunicado emitido por el Gobierno del Estado, fue el secretario Enrique Ibarra Pedroza quien lo propuso. Aunque funcionaría sólo si ellos lo solicitan.“Recalcó que, con el afán de brindar seguridad a todas y todos los que fueron parte de lo sucedido, se les podrá ofrecer la reubicación domiciliaria temporal para las personas que lo soliciten”.El secretario expuso que “si alguien, por el contexto en el que estamos, por todas las vejaciones que se cometieron, solicita una reubicación domiciliaria, también están los mecanismos para proporcionarla. Porque puede darse el caso que alguien se considere inseguro y que le dé más tranquilidad una reubicación temporal de domicilio”.La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) sería la instancia a cargo de dicho cambio de domicilio. “Por supuesto, con absoluta discreción y hermetismo”, se precisó.Durante la reunión se acordó que la Fiscalía Anticorrupción continuará recibiendo denuncias para el seguimiento a las investigaciones a fin de dar con los funcionarios que incurrieron en los “levantones”. También esa instancia “se encargará de brindar medidas de protección para los ciudadanos afectados”. Concluyó que ya se comenzó a resarcir el daño económico por las “pérdidas materiales” de los jóvenes, y “será en el transcurso de esta semana cuando se complete el pago económico a las víctimas registradas”.El que el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, desconociera las acciones de los policías investigadores que el pasado viernes privaron de la libertad a decenas de jóvenes cuando intentaban acudir a una manifestación en la Calle 14, es “gravísimo”, admitió el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda. “Lo digo abiertamente: es gravísimo que el fiscal del Estado no haya tenido control suficiente sobre lo que acontecía en ese momento cerca de sus instalaciones y en sus propias instalaciones”.Y que la máxima autoridad de la Fiscalía no se haya enterado, añadió, también deberá formar parte de las indagatorias del Gobierno federal. “Diría que será uno de los elementos centrales de la investigación a realizar por la Fiscalía General de la República (FGR)”. Y concluyó: “Me parece que su intervención dará certeza y, además, deslindará responsabilidades y evidenciará el nivel de involucramiento y responsabilidad de toda la cadena de mando de la Fiscalía”.
