En el Congreso estatal esperan que al menos dos magistrados más del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) notifiquen su retiro voluntario del cargo, antes de que entre en vigor la reforma constitucional que los obligaría a presentar pruebas de control y confianza.De febrero a la fecha, siete magistraturas han quedado vacantes tras las salidas de Salvador Cantero Aguilar; Esteban de la Asunción Robles Chávez; Leonel Sandoval Figueroa; Luis Ernesto Camacho Hernández, Ramón Soltero Guzmán, Javier Humberto Orendain Camacho y Sabás Ugarte Parra.El diputado Salvador Caro Cabrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, negó que se haya presionado a los juzgadores para que se jubilen, aseveró que el STJE se renovará y "estrenará rostro"."De manera honesta muchos magistrados han decidido hacerse a un lado para dar paso a otras generaciones. El ímpetu con el que llegará la nueva generación de magistrados compensará el impase que nos hemos dado en el Legislativo. Según los tiempos quedarían electos en septiembre", expuso.El coordinador de Movimiento Ciudadano refirió que será en la sesión de pleno, programada para el 22 de agosto, cuando se emita la declaratoria de la reforma constitucional que modifica el mecanismo de selección de magistrados y se presentará el dictamen de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.Añadió que hasta que las legislaciones estén vigentes se emitirán las convocatorias para el nombramiento de nuevos magistrados. También está pendiente la designación del consejero juez en el Consejo de la Judicatura estatal. Caro Cabrera sugirió remover de sus cargos a los magistrados que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Aunque las indagatorias no han concluido, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal llamó al Poder Judicial y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a que analicen alternativas para retirar de sus puestos a Celso Rodríguez, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez; respectivamente. Sostuvo que la medida es necesaria para dar certeza a los ciudadanos cuyos casos lleguen a las salas de los juzgadores señalados. OB
