La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene bajo la lupa a tres magistrados de Jalisco: Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); así como Celso Rodríguez González del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ).Este medio ya había dado a conocer el bloqueo de cuentas bancarias de tres magistrados en el Estado, pero ahora trasciende el nombre de los juzgadores que están bajo investigación.En un documento interno de la UIF se consigna que los tres juzgadores generaron una “alerta“ a la instancia federal ya que se les identificaron operaciones en el sistema financiero que no corresponden con sus ingresos o que sean provenientes de negocios lícitos. La sospecha es que podrían estar operando con recursos de procedencia ilícita o producto de actos de corrupción. Por esta razón les fueron congeladas cuentas bancarias mientras se lleva a cabo la indagatoria.“Se conoció que los sujetos analizados registraron múltiples adquisiciones de inmuebles y vehículos de lujo que no parecieran ser acordes con sus ingresos”, remarca el informe.Los tres magistrados han estado envueltos en polémicas y señalamientos de corrupción e influyentismo desde hace varios años.En el caso de Celso Rodríguez González, en septiembre de 2015, el abogado José Félix Torres y el empresario Elías Sahd, lo denunciaron por enriquecimiento ilícito. Lo acusaron de poseer bienes por 50 MDP, una fortuna que no podría justificar aunque ahorrara todo su sueldo durante los 11 años previos a la compra de los bienes.Es de remarcar que Rodríguez González se mantiene en el cargo gracias a un amparo a pesar de que constitucionalmente ya terminó su periodo. También busca impedir que le quiten la titularidad de la Notaría 34, al promover un juicio de amparo luego de que el Gobierno del Estado determinó revocarle la titularidad de dicha notaría, pues se otorgó de manera irregular.En 2015, el magistrado Alberto Barba Gómez avaló la construcción, mediante afirmativa ficta, de 17 proyectos inmobiliarios irregulares, pero también aprobó la operación de 20 gasolineras con sendas suspensiones en Guadalajara y siete en Zapopan.De las 22 estaciones de gasolina que operan en Guadalajara, 20 lo hacen con un recurso procedente de la Sexta Sala que encabeza Barba Gómez. También es autor de la sentencia que condenó al Ayuntamiento tapatío a la autorización de 26 anuncios sobre puentes peatonales.En resumen, el 53 por ciento de los trámites de edificios y gasolineras irregulares se resuelven en su sala.Uno de los casos más polémicos del magistrado Armando García Estrada fue cuando en 2015 se dio a conocer que ayudó a que un particular construyera 33 mil viviendas, modificando el uso de suelo a una reserva forestal y acuífera, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera a Colotlán.Parte de sus decisiones polémicas han sido para favorecer sistemas de transporte irregulares como mototaxis o emitir medidas cautelares para que operen rutas fuera de norma como la 24. Él fue el juzgador que en 2015 otorgó suspensiones para frenar los planes parciales de Guadalajara.OA
