Bárbara Bernáldez, Hugo Magaña y Pedro Hernández coincidieron en que si bien hay ciclistas que recorren la metrópoli de forma correcta, hay otros que “torean” sus obligaciones: circulan por la banqueta o en sentido contrario, no respetan la luz roja del semáforo, obstruyen el paso peatonal y zigzaguean entre los autos. Esas prácticas están prohibidas por el Reglamento de la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado.Para el director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ), Felipe Reyes, a pesar de que la norma no contempla sanciones por esas acciones y sólo establece conminaciones por parte de la autoridad, es necesario que los ciclistas comprendan que si participan en un percance con un automóvil y se comprueba que no respetaron las disposiciones, el chofer podría quedar eximido y ellos tendrían que pagar los daños.Yeriel Salcedo, representante de GDL en Bici, afirmó que una de las principales causas es el desconocimiento de la normatividad que hay entre los usuarios y la falta de promoción del Manual del Ciclista Urbano que se publicó en 2016 y se puede consultar en internet.El diputado Alejandro Hermosillo, vocal de la Comisión de Movilidad del Congreso local, acentuó que luego de que se aprobó la Bici Ley, el 22 de septiembre de 2016, hizo falta difusión para que los ciudadanos conocieran sus obligaciones como peatones, ciclistas, pasajeros del transporte colectivo y automovilistas.“Era necesaria una campaña fuerte de información de lo que contenía y de lo que obligaba a cada uno de los actores de la movilidad y, como parte básica, la capacitación de los agentes de movilidad, encargados de aplicar la ley, no sólo multando o sancionando a los vehículos que incurrieran en una falta, sino que también, cuando un agente viera a un ciclista arriba de la banqueta o en sentido contrario, lo detuviera para hacerle el llamado a cumplir la ley”.Además de aumentar la difusión del Manual del Ciclista Urbano, publicado en 2016, Yeriel Salcedo, integrante de GDL en Bici, afirmó que otro de los pendientes es capacitar a los policías viales para que ejecuten la normatividad, pero no a través de multas o apercibimientos, sino como agentes que ayuden a los usuarios de las bicicletas a conocer sus derechos y obligaciones.Salcedo aseguró que debido al desconocimiento de las reglas, hay algunos ciclistas que incurren en malas prácticas, como circular en sentido contrario o sobre las banquetas, y minimizan los riesgos para su seguridad que estas acciones representan.Para el diputado Alejandro Hermosillo, a casi dos años de la aprobación de la Bici Ley, hizo falta una campaña de capacitación para los agentes de movilidad que detuvieran a los ciclistas que incumplieran sus obligaciones y les hicieran un llamado para cumplir la ley.“(Era necesaria) la capacitación de los agentes de movilidad encargados de aplicar la ley, no sólo multando o sancionando a los vehículos que incurrieran en una falta, sino que también, cuando un agente viera a un ciclista arriba de la banqueta o en sentido contrario lo detuviera para hacerle el llamado a cumplir la ley porque debe de cumplirse para su propia seguridad”.Por su parte, Elton Osorio, miembro del colectivo Bicicleta Blanca, señaló que no se debe criminalizar a los usuarios de la bicicleta por llevar a cabo estas acciones.Comentó que debe invertirse más en programas de educación vial en todos los niveles de la pirámide de movilidad, y de esta forma mejorar la convivencia entre conductores y ciclistas.El reglamento no contempla multas para los ciclistas infractores. En el artículo 49 se establece que “en caso de contravenir las disposiciones de la Ley y el presente reglamento el Policía Vial Estatal o Policía de Tránsito Municipal, deberán conminarlos a que por su seguridad respeten y obedezcan las disposiciones en la materia de movilidad”.La coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Ana Belén Vázquez, consideró que para lograr el éxito de la movilidad no motorizada en la Entidad será necesario que la administración entrante continúe con el plan en la materia que se presentó en 2010 por colectivos ciudadanos y académicos.Dicha estrategia plantea el establecimiento de más de mil 500 kilómetros de redes ciclistas y peatonales en al menos 26 zonas de accesibilidad preferencia y que ha sido la base para la construcción de los cerca de 80 kilómetros de ciclovías en la ciudad.Vázquez indicó que con la entrada de los nuevos gobiernos, estatal y municipales, se podría generar una coordinación en temas de movilidad que permita establecer medidas y políticas públicas enfocadas en la educación vial para generar una sana convivencia entre automovilistas y ciclistas.“El primer reto será la creación de un proyecto de calles completas, en donde exista transporte masivo garantizando la accesibilidad total de todos los grupos, independientemente de la manera en que se muevan”, añadió.LA VOZ DEL EXPERTO Luis Fernando Álvarez, (académico de la UdeG)Para el investigador, si bien el tema de la circulación peatonal es marcado como prioritario, las leyes o reglamentos se han quedado escuetos y sin actualizar, dejando en el limbo esta vía de circulación sin importar que en primera instancia forman parte de las atribuciones de los municipios.Explicó que a pesar de que el tema de tránsito se regula desde el Reglamento de Movilidad, sin actualizar hasta la fecha, no existe una sanción específica para aquel que circule en una bicicleta sobre la vía, lo cual pasaría a ser competencia de los municipios, quienes deberían de integrar el punto en su Reglamento de Policía y Buen Gobierno, que a su vez debería de establecer una penalización en las leyes de ingresos correspondientes.“El problema más serio es que no existe un procedimiento económico de multa. Es decir, el procedimiento le saldría más caro al ayuntamiento que los ingresos por multa, lo cual requiere de una estructura operativa económica. Para ello se requiere un registro de identidad que actualice los datos de todos los ciudadanos de forma rigurosa, o en su defecto de un registro de bicicletas”, resaltó.Hace algunos meses, Celia estaba sobre la banqueta de avenida Vallarta junto con algunos compañeros de trabajo cuando vio a una pareja de ciclistas que se aproximaba hacia ella. Ambos circulaban sobre la acera y en sentido contrario a la vialidad, acciones que están prohibidas en el reglamento de la Ley de Movilidad.Celia, quien usa la bicicleta desde hace más de 15 años, les dijo al paso que sus prácticas eran incorrectas. Sin embargo, en lugar de tomarlo de buena manera, ellos regresaron molestos y comenzaron a agredirla verbalmente. Justificaron que no hacían nada malo y si circulaban en sentido contrario era porque necesitaban ir hacia el Centro tapatío (aun cuando hay una ciclovía en ese sentido a una cuadra de distancia).“La única que daba explicaciones era la chica. El muchacho sólo se limitó a lanzar ataques sin fundamento, incluso ataques de género. La chica decía que cómo se me ocurría mandarlos por la calle si el ciclista corre mucho peligro y si en la banqueta hay oportunidad no pasa nada”, contó.Celia subrayó que la bicicleta es un vehículo y sus usuarios tienen los mismos derechos que los automovilistas, y aunque reconoció que corren peligro en las calles, sabe que no puede violar el derecho del otro para circular por la ciudad.Para ella, cada vez hay más convivencia entre los conductores y los ciclistas. Sin embargo, señaló que aún hay muchas personas que no conocen las reglas de movilidad existentes, por lo cual es necesario que las autoridades las promuevan con mayor insistencia, además de que cada ciudadano exija y reconozca el papel que juega dentro de la movilidad urbana.TELÓN DE FONDOCon la finalidad de tener un esquema de movilidad con un “mayor orden”, en septiembre de 2014 el entonces diputado local, Miguel Castro Reynoso, presentó una iniciativa para “emplacar” a las bicicletas de la Entidad con el objetivo de que se impulsara el respeto entre ciclistas, peatones y automovilistas.La propuesta buscaba reformar el artículo 12 de la Ley de Movilidad para darle preferencia la ciclista, además de diferenciar los derechos de movilidad entre las personas con discapacidad, los usuarios de la bicicleta y los transeúntes.Además, los edificios públicos construidos debían incluir ciclopuertos en los proyectos de obra y los ya construidos tendrían que instalarlos en un plazo máximo de dos años a partir de la aprobación de la medida.El proyecto tenía entonces más de una década en agenda pública. Sin embargo, no fue llevado a cabo debido a la presión social de los colectivos que se manifestaron en contra del emplacamiento, argumentando que en primer lugar debía construirse la infraestructura necesaria para su circulación segura por la ciudad.El “alma” de dicha iniciativa fue retomada en junio de 2016 por los diputados Alejandro Hermosillo y Pedro Kumamoto, así como asociaciones civiles sumadas al tema. Se consiguió su aprobación en septiembre de 2016, y aunque el eje central fue la preferencia y protección del ciclista, el emplacamiento ni siquiera se mencionó durante esta última propuesta.
