Una constitución es un pacto entre ciudadanos para definir los principios y valores que compartimos como parte de una comunidad. Es la columna vertebral de nuestra convivencia. Ahí, en un texto, definimos nuestro espacio común: límites, libertades, derechos. Hasta dónde llega el Gobierno y en donde no se debe meter. Nos asumimos distintos, tanto en ideología como en proyectos personales, pero le decimos al Estado que le otorgamos una parte de nuestra libertad a cambio de orden, estabilidad y la protección de un proyecto común. Por lo tanto, una Constitución es el acto político más importante de una sociedad. No debemos tomar ningún intento constituyente a la ligera. Y los promoventes tampoco. Enrique Alfaro, gobernador del Estado, hizo de la “refundación” su principal proyecto de Gobierno para Jalisco. Explicitó este concepto desde la campaña electoral. Sin embargo, nunca fue tan contundente a la hora de definir el instrumento refundador. En una entrevista me dijo que “no descartaba una nueva constitución”, pero nunca lo sostuvo categóricamente. El actual gobernador siempre lo vio como opción, no como un hecho. Ahora, con su propuesta de reforma constitucional que envió al Congreso el pasado 5 de febrero, todo indica que la columna vertebral de la refundación es la redacción de una nueva Carta Magna para Jalisco.Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a ordenar la discusión sobre este tema: ¿Para qué una nueva constitución? ¿Los problemas en Jalisco pueden ser abordados, de mejor manera, con un nuevo acuerdo constitucional? ¿Es el contexto actual propicio para convocar una discusión de esta profundidad? ¿Están las condiciones sociales puestas sobre la mesa para alcanzar un auténtico pacto social? ¿Cómo hacer para alcanzar un acuerdo que sea legítimo para todos los jaliscienses y que no sea, por lo tanto, una negociación que solo apele a las élites y a los partidos políticos?Comúnmente, las nuevas constituciones surgen de condiciones políticas muy específicas: conflictos armados, colapso de dictaduras o sistemas autoritarios, guerras civiles, cambios de régimen político. Claramente no estamos frente a ninguno de los primeros tres escenarios. Sin embargo, si podríamos estar, tanto a nivel local como a nivel nacional, frente al último: un cambio de régimen. Es decir, una modificación estructural del reparto de poder en la sociedad, acompañado de un colapso o la ilegitimidad de las instituciones existentes. Así, frente a un cambio de régimen, una nueva constitución si tiene sentido.Y el cambio de régimen es una consecuencia del quiebre del pacto social. ¿Realmente, en estos momentos, sabemos qué nos une como sociedad? ¿Vemos a las instituciones representativas como espejo de lo que somos? ¿Los jaliscienses sentimos alguna obligación moral y social con nuestro documento constitucional de 1917?Nadie puede garantizar que una nueva Constitución en Jalisco suponga volver a coser nuestro dañado tejido social. Nadie puede garantizar que una nueva constitución convierta la impunidad en cumplimiento del estado de derecho; las instituciones cooptadas en democráticas; el Congreso en la “casa del pueblo”, los tribunales en árbitros imparciales; la corrupción en honestidad en el servicio público, y a los partidos políticos en vehículos auténticos de la participación ciudadana. Tampoco, nadie nos puede garantizar que los empresarios corruptos ahora sí se conducirán con ética y apego al marco legal y menos que la violencia se convertirá en paz.Sin embargo, si garantiza dos cosas. La primera, la posibilidad de discutirlo todo (o casi todo). Quitando los constreñimientos que nos marca el pacto federal y los tratados internacionales, el resto son valores y principios que están abiertos a debate. Derechos, libertades, régimen político, poderes, organización territorial. Poniendo un símil futbolístico: un terreno de juego en buenas condiciones, regado, bien cortado y con las dimensiones correctas, no nos garantiza un gran partido de fútbol, pero sí es más probable que el buen juego aparezca en estas condiciones que en un potrero o en un campo llanero.Y la segunda, una amplia deliberación pública si podría llevarnos a un texto constitucional que tenga un mayor valor simbólico que la Constitución de Manuel M. Diéguez. Por ejemplo, si analizamos las últimas constituciones que se han aprobado en democracias como la española (1978) o la portuguesa (1976), vemos que el involucramiento de amplias capas de la ciudadanía produjo un efecto de compromiso con el nuevo texto. Lo dicen las encuestas: españoles y portugueses le tienen mucho respeto a su Carta Magna, y ese respeto proviene de que la sienten propia.Empero, la efectividad del Para qué está íntimamente vinculada al Cómo. La conformación del Constituyente es la clave: si el Poder Legislativo prioriza la integración partidista y cupular, estaremos frente a un proceso de simulación más parecido a un pacto entre élites y no a un auténtico acuerdo social. Para que tenga credibilidad la nueva Constitución y, por lo tanto, tenga un alto valor simbólico que interpele a su cumplimiento, el Constituyente debe ser un espejo de lo qué somos los jaliscienses. En un cuerpo de 80, 100 o 120 legisladores debe estar representada la heterogeneidad social.No debe ser otra más de esas “alianzas”, muy a la jalisciense, que confunden sociedad con corporaciones, sean empresarios, universidades, asociaciones civiles con notoriedad o intelectuales. El Constituyente tiene que bajar a los barrios, a las escuelas, a las calles, a las empresas. Politizar a amplias capas de la sociedad; y politizar entendido como la capacidad que tiene la política de resolver los problemas que nos aquejan en la cotidianeidad: seguridad, malos salarios, impunidad, violencia, discriminación, pobreza. El problema es que en un momento de señalamiento al establishment, en donde una buena parte de la ciudadanía opina que las reglas están hechas para proteger a los intereses de los poderosos, un Constituyente que solo integre a la élite parirá una constitución con un pecado original. Saldría el tiro por la culata. Por lo tanto, los diputados tienen un papel fundamental. Darle encaje constitucional a un cuerpo que va a abrogar la constitución actual y, en paralelo, va a encabezar la redacción de un nuevo texto constitucional. El primer saque del Gobierno de Alfaro parece privilegiar la representación actual y concede menos espacios a futuros constituyentes de la sociedad civil. De no equilibrar la representación, podríamos encontrarnos en un futuro frente a un cuerpo cuestionado y con poca credibilidad. Aprendamos de los errores del proceso en la Ciudad de México, en donde privilegiaron el acuerdo entre partidos y no la amplia deliberación social. Recordemos que un constituyente tiene como objetivo la constitución de nuevas instituciones que surjan del acuerdo social, pero también tiene una segunda función que es “destituyente”; porque al optar por una nueva constitución también entierra los consensos de la anterior.Desde mi punto de vista, una nueva Constitución podría oxigenar la democracia en Jalisco, abrir espacios de deliberación inexistentes, resolver esos candados constitucionales que impiden cambios y explorar libertades y derechos que, en estos momentos, no caben en el pacto constitucional de 1917. Sin embargo, no puede ser el proyecto de Alfaro. Tampoco el proyecto de MC. El éxito de la empresa -tener en algunos años una constitución apreciada y respetada por los jaliscienses- depende de la capacidad de convocar e involucrar a amplios segmentos de la sociedad. Los problemas de la democracia deben ser enfrentados con más democracia. Es el doble filo: el riesgo de la simulación y el gatopardismo es alto, pero ninguna transformación de calado se hace sin tocar el acuerdo político que nos une como sociedad.+LEE MÁS CONTENIDOS DEL SUPLEMENTO TAPATÍO CULTURAL, CUADERNO DE LECTURA
