Sábado, 26 de Noviembre 2022

Vinculan a proceso a una empresa por uso ilícito de atribuciones y facultades

La Fiscalía Anticorrupción señaló que Tradosa S.A de C.V no podrá participar en licitaciones, concursos o adjudicaciones directas

Por: Evelyn Olvera

El SIAPA denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que el subdirector de Tecnologías de la Información del SIAPA autorizó el pago de 1.9 MDP a la empresa por mantenimiento de una red informática. EL INFROMADOR/ ARCHIVO

El SIAPA denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que el subdirector de Tecnologías de la Información del SIAPA autorizó el pago de 1.9 MDP a la empresa por mantenimiento de una red informática. EL INFROMADOR/ ARCHIVO

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio a conocer que, por segunda vez en los cuatro años que tiene de operación, logró la vinculación a proceso de una empresa privada implicada en un delito de corrupción.

La dependencia señaló en un comunicado que en la audiencia reanudada el sábado 17 de septiembre el Juez Décimo Octavo de Control y Oralidad, Sergio Salvador Peña Sánchez, vinculó a proceso a la empresa Tradosa S.A de C.V., por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Detalló que la ley establece que además de los servidores públicos que incurran en este delito, “se impondrán las mismas penas a quien, por sí o por interpósita persona, se beneficie del uso ilícito de las atribuciones o facultades”

El 27 de diciembre de 2017, quien fungía como subdirector de Tecnologías de la Información del SIAPA, autorizó el pago de 1.9 millones de pesos a la empresa por mantenimiento de una red informática, 48 horas después de firmar el contrato cuando aún no se realizaban los servicios, recordó la Fiscalía.

"Al llevarse a cabo los trabajos, estos no se efectuaron a satisfacción del organismo público, por lo que las nuevas autoridades del SIAPA se percataron del estado que tenía la red e iniciaron una investigación".

Al terminar la investigación añadió la Fiscalía,  el SIAPA denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, que logró acreditar la responsabilidad del exfuncionario, José Eduardo “N”, quien el 20 de julio fue vinculado a proceso y enfrenta prisión preventiva oficiosa.

El juzgador le impuso como medida cautelar la prohibición de participar en licitaciones públicas, concursos o adjudicaciones directas del gobierno de Jalisco, los gobiernos municipales, y organismos públicos en el estado, durante los próximos 6 meses, y se fijó como plazo para el cierre de la investigación inicial un periodo de cuatro meses.

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