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Jueves, 18 de Julio 2019

Proponen encarcelar a quien compre celulares robados

El proyecto de reforma en el Congreso local considera aplicar de cuatro a ocho años de prisión a quien hurte un teléfono móvil

Por: Rodrigo Rivas Uribe

Usar armas de fuego o provocar lesiones durante el robo del celular se consideraría un agravante, en esos casos el castigo podría ir de siete a 15 años de prisión, según la propuesta del diputado Javier Romo Mendoza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Usar armas de fuego o provocar lesiones durante el robo del celular se consideraría un agravante, en esos casos el castigo podría ir de siete a 15 años de prisión, según la propuesta del diputado Javier Romo Mendoza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con penalidades de hasta ocho años de prisión, el diputado Javier Romo Mendoza presentó iniciativa de reforma para incluir en el Código Penal del Estado tres artículos que sancionen en a quienes roben celulares, los comercialicen o los compren.

El proyecto de reforma considera aplicar de cuatro a ocho años de prisión a quien hurte un teléfono móvil, esa misma sanción aplica a quien venda el equipo, lo desbloquee o remarque.

El legislador detalló que quien adquiera un equipo robado podría enfrentar sanción de 16 a 32 meses de cárcel, si se comercializan en un local establecido aplicará la cancelación definitiva de licencias o permisos.

“Con esta reforma buscamos que el robo de celulares se persiga de oficio para que la Fiscalía del Estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos y acciones que disminuyan el riesgo de los ciudadanos a ser violentados”, expuso. 

Usar armas de fuego o provocar lesiones durante el robo del celular se consideraría un agravante, en esos casos el castigo podría ir de siete a 15 años de prisión. La sanción aumentaría de cinco a diez años si el equipo contiene información personal biométrica y financiera. De comprobarse el uso de esa información el castigo incrementa de seis a 12 años.

La iniciativa que, se turnará para su revisión en comisiones del Congreso, incluye castigo a los servidores públicos que otorguen autorización, o permitan por acción u omisión la comercialización de equipos de telefonía móvil robados en espacios públicos abiertos. El correctivo a los funcionarios va desde la inhabilitación y retiro del cargo, hasta prisión por dos años. 

Romo Mendoza consideró que se deben especificar sanciones por el robo de celular pues según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de los 9.5 millones de robos o asaltos cometidos en la calle o en el transporte público registrados en 2017, en 51.2 por ciento de los casos lo sustraído fueron teléfonos celulares.

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