Durante los últimos 21 años, la elaboración del presupuesto y la forma como se define el gasto público no ha cumplido con los mínimos para que el uso de los recursos sea eficiente, evidencia el estudio "La negociación política del presupuesto 1997-2018"; elaborado por Integralia. Con testimonios e investigación documental, se revisó cómo se discuten anualmente los paquetes de leyes de ingresos y presupuesto de egresos.Luis Carlos Ugalde Ramírez, director de Integralia, resaltó que detectaron cómo intervienen factores como la inexperiencia, el bajo profesionalismo de los diputados, el desinterés y el clientelismo político; constantes que han impedido garantizar que el gasto público genere un desarrollo real, refirió que se gasta más, pero mal."El Congreso no da seguimiento, la Secretaría de Hacienda hace lo que quiere y nadie paga las consecuencias de este círculo vicioso que se repite año con año. El resultado de esto es gasto ineficaz, dispendio y corrupción", sentenció. El estudio analiza cómo se ha modificado la forma en que se negocia el presupuesto. En los años noventa, con un PRI hegemónico, el presupuesto se imponía. A la llegada al gobierno del PAN, con el presidente Vicente Fox, surge la "etiquetación" de recursos para negociar con gobernadores y legisladores de oposición para que aprobaran el presupuesto. En la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto se consolida la "política de moches", con la creación de los fondos dentro del Ramo 23 para desarrollo municipal, que los diputados asignaron a sus localidades de acuerdo con sus intereses políticos.El Senador por Jalisco, Clemente Castañeda Hoeflich, que participó en la presentación del estudio, coincidió en que se debe impulsar que las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASEF) sean vinculantes y tengan consecuencias. Se posicionó en contra de eliminar los recursos etiquetados para los estados, pero reconoció que debe haber una regulación más estricta sobre cómo los diputados negocian recursos."Si bien es cierto los legisladores no son gestores, sí tienen una responsabilidad y una presión con sus representados. Yo no sé si la recomendación que dice hay que eliminar las etiquetas, pueda convertirse en una regulación más efectiva para darle continuidad al proceso de gestoría de los diputados", comentó. Para romper el círculo vicioso de negociación política del presupuesto, Integralia plantea suprimir la etiquetación de recursos y reducir la gestoría que asumen los legisladores. También que los resultados de las evaluaciones de la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior de la Federación sean condiciones para liberar las transferencias a los estados. Además, que las comisiones de Presupuesto y de Vigilancia de la Cámara de Diputados den mayor seguimiento y control al gasto.Por su parte, David Gómez Álvarez, director de Transversal, refirió que luce complicado romper las dinámicas viciadas de negociación política del presupuesto, precisó que podrían acentuarse durante la nueva administración federal con tendencias como centralizar el gasto.JM
