Posponen, de nuevo, discusión de cuenta pública 2008 del SIAPA

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2013).- Por segunda ocasión, los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local avalaron la propuesta de los vocales de Acción Nacional para posponer la revisión de la cuenta pública 2008 del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Los legisladores panistas pidieron al presidente de esa comisión legislativa, el priista, Juan Manuel Alatorre Franco, aplazar la revisión de esa cuenta pública que presenta, de acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), cargos por 706 millones de pesos y por 236 mil dólares.

El vocal de ese órgano legislativo, el panista, Elías Iñiguez Mejía, explicó que “por justicia” los diputados locales deben otorgar el plazo necesario para que los involucrados en el presunto desvío de recursos presenten pruebas de las irregularidades.

“No podemos saltarnos los dictámenes de las cuentas públicas. Existen otras cuentas públicas antes que la del SIAPA, ya llegará su momento. Lo que hacemos es darle el tiempo suficiente para que responda la gente involucrada, sino, ya no podemos hacer más, pero debemos recordar que hay cuentas públicas del 2007, la pregunta es por qué los pasan y presentan la del SIAPA. El posicionamiento del PAN es que queremos tiempo suficiente”, señaló el legislador panista quien avaló la solicitud para que se retirara de la discusión la cuenta pública del SIAPA.

Al respecto, el presidente de la comisión de Vigilancia, Juan Manuel Alatorre, refirió que no hay un plazo para que esa comisión legislativa analice la cuenta pública y avale los cargos propuestos por la ASEJ.

“Aquí no hay periodos, ni tiempo fijo. Los involucrados nos pidieron derecho de audiencia y defensa. Por justicia debemos darles algunos días para que puedan presentar los cargos que ellos dicen que no hay”, expuso el legislador tricolor.

Alatorre Franco confió que la petición de los diputados de Acción Nacional no se trate de una medida para llevar a la congeladora la revisión de las finanzas del SIAPA de 2008.

El legislador priista Juan Manuel Alatorre explicó que por tratarse de una cuenta pública de 2008, debe ser analizada con las reglas de la anterior Ley de Fiscalización, debido a que la norma actual entró en vigor para las cuentas públicas de 2009 a la fecha.

Lo anterior significa que los diputados sí pueden modificar el sentido del dictamen de la cuenta pública 2008 del SIAPA.

Además del retiro de la cuenta pública 2008 del SIAPA, se aplazó la solicitud que ex diputados locales hicieron para que el pleno instruya a la ASEJ, realizar fiscalizaciones especiales al SIAPA de los años 2009 y 2010.

  La cuenta pública 2008 del SIAPA

En el dictamen que la ASEJ remitió en mayo pasado a la Unidad de Vigilancia considera que hay elementos para iniciar procedimientos jurídicos por la vía civil y penal por presunto desvío de recursos, en contra de ex empleados del SIAPA.

En la cuenta pública 2008 del organismo la ASEJ ya señala desvío por 600 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y especifica que 387 millones de pesos se habrían destinado para un fin distinto, que para el que estaban previstos, que era infraestructura para agua a colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La ASEJ especifica que en ese ejercicio fiscal el SIAPA destinó 11 millones de pesos para asesorías jurídicas a una empresa denominada Análisis Administrativos Scan SC; de acuerdo con la auditoría, estos gastos no se comprobaron adecuadamente.

El Máximo Órgano Fiscalizador además advierte desvío de recursos por 4.4 millones de pesos por concepto de impuestos no enterados a Hacienda.

En un caso similar al del Poder Legislativo, la ASEJ detectó que el SIAPA también erogó 5.5 millones de pesos para pagarle a una empresa que presuntamente ayudaría al organismo operador del SIAPA a recuperar parte de los recursos que se le adeudaban al fisco, entre otras presuntas irregularidades, que de acuerdo con la anterior Ley de Fiscalización aún podrían ser aclaradas en la Comisión de Vigilancia por las personas involucradas.

EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ