Más importante aplicar las penas que aumentar los castigos: experto

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2012).- El número de extorsiones telefónicas crece porque no se aplican los castigos que marca la ley, señala el experto en temas de seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Arturo Villarreal Palos.

“Es más importante aplicar las penas que aumentar los castigos. El problema que tenemos en el país es que queremos resolver todo aumentando las penas, pero no se resuelve nada, porque nunca atrapan a nadie, como especialista sugiero en lugar de aumentar las penas, la autoridad se aplique a buscar a los criminales y a meterlos a la cárcel. Eso disuade más”, considera Villarreal Palos.

El Código Penal del Estado de Jalisco, en su Artículo 189, considera dos penas para los extorsionadores. La primera dicta de uno a nueve años de cárcel si el delincuente consigue su propósito y la segunda, de seis meses a seis años de prisión si no se frustra la acción delictiva.

“La extorsión, según la definición del Código, es mediante coacción exigir de otro la entrega, el envío o el depósito para un tercero de cosas, ya sea dinero o documentos…”, dice Arturo Villarreal Palos, quien encasilla a los llamados secuestros virtuales como un fraude, ya que la persona no está realmente privada de su libertad, sino que es engañada. “Y éstos son castigados por el Artículo 50 y la pena va en razón del monto de lo defraudado”.

El especialista recomienda a las víctimas reportar por el teléfono, “es importante transmitir a la brevedad a las autoridades, a los números de emergencia que se ponen a la disposición de los ciudadanos, con la intención de construir una base de datos de los números, porque estas organizaciones operan a través de teléfonos móviles y muchos de ellos dentro de los reclusorios. De ahí, la importancia de las normas que se publicaron en abril de este año y que tienen que ver con la ubicación de los teléfonos en tiempo real”.

Arturo Villarreal Palos señala que cada robo de celular debe reportarse porque estos grupos se vuelven ilocalizables porque operan desde aparatos que le pertenecieron a ciudadanos, quienes no cancelaron sus líneas ni sus aparatos de comunicación.

EL INFORMADOR / MAYRA TORRES