El pasado 7 de julio, un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 141 años de prisión a 10 hombres por operar el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. La sentencia se emitió por el delito de desaparición cometida por particulares, un caso que refleja la gravedad del crimen, pero también la rareza de las sentencias en el Estado.Entre 2018 y 2024, la Fiscalía de Jalisco registró únicamente 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada, en la que participaron servidores públicos. En lo que va de 2025, se han emitido siete sentencias por desaparición de particulares y dos por desaparición forzada, según comunicados de la dependencia.Estos números ocurren en un contexto crítico: Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de desaparición, con 15 mil 838 personas reportadas como desaparecidas. De ellas, poco más de nueve mil corresponden a la administración pasada, de acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.Para los especialistas, los datos revelan la dificultad de que estos delitos lleguen a un desenlace judicial. Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, aseguró que la baja cantidad de sentencias evidencia la poca efectividad de las investigaciones, así como la presión del crimen organizado sobre las autoridades. “Hay mucho temor en los casos donde están involucrados grupos delictivos”, señaló.Héctor Flores, del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, señaló que la Fiscalía está rebasada y que la falta de integración correcta de las carpetas de investigación limita la justicia. “Le hace falta especialización para que las órdenes de aprehensión y las carpetas lleguen bien estructuradas a los jueces”, explicó.El abogado penalista Joseph Olid Aranda coincidió en que pocas investigaciones llegan al Poder Judicial y que este no siempre da trato urgente a los casos. “La impunidad se debe principalmente a la actuación de Policías, Comisiones de Búsqueda y Fiscalías; son pocos los asuntos que llegan ante los Poderes Judiciales”, indicó.Por su parte, José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial de Jalisco, reconoció que indagar desapariciones “no es una tarea sencilla”. Destacó que se busca profesionalizar a los jueces para atender estos casos con mayor eficacia. “Cada autoridad que tenemos intervención dentro de la investigación, así como la procuración y administración de justicia tenemos que asumir ese compromiso y responsabilidad”. Teresa Magnolia Preciado, académica de la UdeG, añadió que también se requiere mejorar la capacitación del Ministerio Público y del Poder Judicial para garantizar sanciones efectivas y con perspectiva de derechos humanos.En Jalisco, las penas por desaparición cometida por particulares van de 25 a 50 años, aunque pueden aumentar según agravantes o delitos relacionados. Debido al volumen de investigaciones, la Fiscalía del Estado ha solicitado a la FGR la atracción de algunos casos emblemáticos, como el de los tres estudiantes de cine desaparecidos en marzo de 2018. Para visibilizar esta problemática, distintos colectivos de búsqueda convocaron una manifestación hoy, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La protesta partirá a las 8:30 horas desde la Glorieta de los Desaparecidos rumbo a Palacio de Gobierno, recorriendo la Avenida Chapultepec hasta Avenida Vallarta y el Centro de Guadalajara. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) reconoció que la desaparición de personas en la entidad persiste como un fenómeno sistemático y que los avances alcanzados hasta ahora siguen siendo limitados.En un comunicado difundido a siete años de la Recomendación General 3/2018, emitida a las autoridades estatales para atender esta problemática, el organismo subrayó que Jalisco se mantiene como epicentro nacional de las desapariciones, con más de 15 mil 800 personas que continúan sin ser localizadas.La recomendación fue dirigida a los tres poderes del Estado y a los 125 municipios, con el objetivo de fortalecer las instituciones de búsqueda, homologar protocolos y brindar atención integral a las familias.En el caso del Poder Ejecutivo, se reporta un 86% de cumplimiento, aunque aún quedan puntos pendientes. Sin embargo, la CEDHJ ha documentado la actuación deficiente de las autoridades en la investigación del delito, la insuficiencia de acciones efectivas de búsqueda y localización, así como la revictimización de los familiares de las personas desaparecidas.En el ámbito municipal, los avances son dispares: Guadalajara es el único con cumplimiento total, mientras que Zapopan, Tlajomulco y otros municipios fuera de la Zona Metropolitana presentan progresos, pero enfrentan falta de recursos, capacidades y voluntad política, lo que profundiza las desigualdades.El organismo destacó la compensación de más de 9.3 millones de pesos a víctimas indirectas y una estrategia de colaboración con 79 municipios.No obstante, ante la persistencia de la desaparición como un fenómeno sistemático, la CEDHJ exige redoblar esfuerzos, cerrar brechas de cumplimiento y mantener a las víctimas y a sus familias en el centro de toda acción pública. Tres personas fueron privadas de la libertad en días anteriores y permanecen desaparecidas. Las tres estarían ligadas al caso del multihomicidio de la colonia San Andrés de Guadalajara, donde fueron localizadas sin vida una mujer junto a su esposo y sus dos hijos en una camioneta abandonada.De acuerdo con el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, se trata de los trabajadores del taller donde había estado la camioneta antes de ser abandonada en el cruce de Jorge Delorme y Federico Medrano, con los cuerpos de esta familia.Al menos dos de ellas habían sido llevadas a declarar ante la Fiscalía de Jalisco en calidad de presentadas, con el fin de que rindieran las declaraciones correspondientes respecto al vehículo. Sin embargo, no hubo elementos suficientes para emitir alguna orden de aprehensión en su contra, por lo que fueron puestas en libertad.La vicefiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, añadió que por lo menos una de las personas estaba colaborando con las diligencias y que, al salir de las instalaciones de la Fiscalía, fue privada de la libertad junto con otras dos personas que iban a recogerla “tras las diligencias ministeriales”.“Obviamente tenemos que hacer un rastreo y una investigación completa. Se logra determinar, a través de diversos actos de investigación, que las personas perpetradoras estuvieron más de dos horas esperando la salida de las personas. No fue inmediata ni puntual, sino que estuvieron esperándolas; dejan que avancen unos metros para después perpetrar la desaparición”.Pese a ello, las autoridades descartaron que la Fiscalía estuviera infiltrada y que desde dentro se hubiera informado a los criminales que las víctimas estaban por salir, y señalaron que más bien “se enteraron de alguna u otra forma que las personas habían sido llevadas a la Fiscalía tras los cateos y las diligencias realizadas en el taller”. Voz del experto Jorge Ramírez, académico de la Universidad de GuadalajaraJorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, opinó que el número de sentencias condenatorias evidencia la poca efectividad al investigar el delito durante los últimos años, pero también señala presiones por parte del crimen organizado para evitar investigaciones.“Habla de la poca efectividad de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía y también de los compromisos y presiones que recibe el Poder Judicial. Hay mucho temor a los casos donde está involucrada gente del crimen organizado”.Datos de la Fiscalía del Estado emitidos mediante solicitudes de transparencia y boletines revelan que son apenas 52 condenas por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares entre 2018 y 2025.El académico de la casa de estudios cuestionó la falta de compromiso de las autoridades para investigar hechos en materia de desaparición de personas.“Muestra también la incompetencia de las autoridades, la forma tan deficiente que tienen de operar, el poco compromiso con las víctimas, el desprecio que tienen los criminales por la vida humana”.A la par, Jorge Ramírez aseguró que hay complicidad clara de las autoridades con los grupos del crimen organizado, al señalar las relaciones que tienen las corporaciones de seguridad en el Estado con los grupos criminales. Pese al repunte de casos de desaparición en Jalisco, la Fiscalía del Estado ha obtenido apenas 52 condenas por este delito entre 2018 y 2024, de acuerdo con datos proporcionados vía transparencia y en boletines oficiales. Aunque el número de resoluciones es bajo frente a la magnitud del problema, algunas sentencias destacan por superar los 100 años de prisión debido a las agravantes que establece la ley.Un ejemplo ocurrió el pasado 7 de julio, cuando un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 141 años de prisión a 10 hombres por el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán. La investigación acreditó que operaban ese lugar como centro de adiestramiento para jóvenes y que ahí cometieron el delito de desaparición de personas. Los implicados fueron detenidos en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional aseguró el sitio tras una denuncia ciudadana. En la intervención fueron liberadas dos personas privadas de la libertad, además de localizarse a una víctima ya sin vida.Otro fallo relevante fue la sentencia contra José Armando “N”, quien recibió una condena de 112 años de prisión este 2025. El hombre fue hallado culpable de desaparición forzada y feminicidio en agravio de su cuñada. De acuerdo con la carpeta de investigación, en julio de 2022 privó de la libertad a la mujer, cuyo cuerpo fue localizado en febrero de 2023.También sobresale la resolución contra dos expolicías municipales de Ocotlán, identificados como Mario Ricardo O. y Alfonso A. Ambos recibieron una pena de 102 años de cárcel por la desaparición forzada de los hermanos Camarena: Oswaldo Javier, José de Jesús, Ernesto y Tonatiuh. Los jóvenes fueron vistos por última vez el 19 de diciembre de 2019, cuando fueron raptados por los oficiales en ese municipio ribereño. A la fecha, se desconoce su paradero y continúan prófugos otros policías implicados en el caso.La Fiscalía del Estado subraya que estas sentencias envían un mensaje contra la impunidad, aunque reconoce que el número de condenas sigue siendo reducido frente a las miles de carpetas de investigación abiertas. Colectivos de familiares de personas desaparecidas insisten en que los resultados son insuficientes y que persisten deficiencias en las indagatorias, la búsqueda de víctimas y el seguimiento a los responsables.En Jalisco, más de 15 mil 800 personas continúan desaparecidas, lo que coloca a la entidad en el primer lugar nacional. Las condenas de más de 100 años marcan un precedente judicial, pero la exigencia de las familias sigue siendo clara: encontrar a sus seres queridos y garantizar que la justicia no se limite a unos cuantos casos emblemáticos. CT
