Esta mañana el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Javier Armenta, acusó que la forma en la que irrumpieron en el campamento montado en el predio de Huentitán desde el 29 de marzo pasado, donde se pretende la construcción del proyecto Iconia, y la forma en la que los desalojaron, se llevó a cabo de manera ilegal.Armenta explicó que alrededor de las 3:00 de la mañana 16 jóvenes se encontraban durmiendo en el campamento cuando llegaron varias personas encapuchadas y con armas largas y cortas los encañonaron, rompieron las casas de campaña y los empezaron a separar en grupos y a pedirles nombres y direcciones.Además, dijo que les quitaron los teléfonos celulares y los mantuvieron incomunicados por alrededor de dos horas, lo cual, consideró, se trató de una detención ilegal.“Yo le pregunto a una de las personas que traían las armas que quiénes eran y me dice 'no somos el narco, porque si no ya no estarías hablando', y no fui el único que recibí un acto de intimidación el día de hoy. Estuvimos incomunicados, nos despojaron de nuestros celulares y avisamos como pudimos, es así que llegaron vecinos y algunos familiares”, explicó Armenta.No fue sino hasta las 5:00 horas aproximadamente que los hombres armados les dijeron que eran elementos de la Fiscalía, quienes aseguró, no se identificaron de manera oficial en ningún momento ni presentaron insignias, sino que únicamente les mostraron un documento, con fecha del 19 de agosto del año pasado, el cual aseguraba cumplimentaban una orden judicial, la cual nunca les fue presentada.Para Armenta, el desalojo se relaciona con el conflicto político que llevan el gobernador del Estado y la Universidad de Guadalajara, derivado del retiro, por parte del Ejecutivo Estatal, de 140 millones de pesos que ya habían sido destinados a la UdeG para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales.El abogado Omar Preciado explicó que el documento presentado, además de la falla en la fecha y de que no constituye un mandato judicial en sí mismo, es presentado por la empresa Hoteles Rivera Deluxe S.A. de C.V y de Operadora Hotelera Salamanca, S.A.P.I. de C.V, cuando el predio en general se encuentra bajo un fideicomiso con el Ayuntamiento de Guadalajara, que hasta el momento no ha emitido un posicionamiento sobre lo sucedido.El espacio en el que se encontraban en campamento no corresponde al área propiedad de dicha empresa, refirieron los manifestantes. El área propiedad de Hoteles Deluxe corresponde al sitio donde previamente se habían sembrado más de mil árboles. El espacio donde ellos tenían montado corresponde al área del parque propiedad de la alcaldía tapatía, por lo cual también hay inconsistencias legales en el desalojo, explicaron.Por su parte, la abogada Iliana León dijo que se presentará la denuncia formal de lo ocurrido, por abuso de autoridad por parte de los elementos, ante la Fiscalía Anticorrupción, así como ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes, pues aseguró, se violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban.Ante la situación, tanto la abogada como Armenta explicaron que se retirarían del lugar únicamente para salvaguardar la integridad de las y los jóvenes que permanecían en el sitio, pues aseguraron, ante los antecedentes del 5 de junio de 2020, cuando agentes de la Fiscalía privaron ilegalmente de la libertad a varios jóvenes por algunas horas, saben “que el personal de la Fiscalía no tiene miedo de detonar un arma de fuego”.Sin embargo, añadió el presidente de la FEU, la lucha no finalizará y continuarán apelando a todos los recursos y amparos necesarios hasta que, tanto el Gobierno de Jalisco como el de Guadalajara, instruyan un verdadero diálogo como lo habían prometido.Ante estas declaraciones, el Gobierno y la Fiscalía del Estado aseguraron que el desalojo se llevó a cabo “en estricto “apegado a derecho y conforme lo establece la ley respetando en todo momento los derechos humanos de las personas que se encontraban en el lugar”, en cumplimiento a un mandamiento judicial del Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, mismo que no fue presentado.“El conflicto de este predio derivó de un fideicomiso entre el Ayuntamiento de Guadalajara y una empresa particular para un desarrollo inmobiliario en el lugar, quedando la propiedad del mismo en favor de la empresa quien cedió los derechos en favor de otro particular. Vecinos de la zona de Huentitán así como otras organizaciones que se oponían al desarrollo tomaron desde abril el predio con la finalidad de evitar las obras, motivo por el que la empresa que ostenta la propiedad acudió ante el órgano jurisdiccional quien le concedió la restricción de dicho predio”, dijo el Gobierno Estatal mediante un comunicado.Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.Para iOS: https://apple.co/35jaVgbPara Android: https://bit.ly/3gwVSEVSi eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777GC
