Luego de que el pasado 7 de septiembre el pleno del Congreso local aprobó castigar a las personas que publiquen videos o fotografías con contenido erótico o sexual sin el consentimiento de los expuestos (sexting), que a través de internet engañen a menores para tener contacto con ellos o para conseguir este tipo de material (grooming), o que induzcan al suicidio (como el reto de la ballena azul), falta dilucidar algunas dudas, sobre todo en la manera en la que se investigarán estos ciberdelitos.En el caso del sexting, no se aclara cómo se comprobará que no hubo autorización de la parte afectada y si sólo se impondrá la pena al que comenzó a compartir el contenido o también a todos aquellos que lo repliquen.Con respecto al grooming, no se define cómo se perseguirá a un adulto que se haga pasar por un niño desde otra parte del mundo. Tampoco se especifica cómo se detendrá a alguien que a través de una página de internet dé consejos a menores para que se hagan daño.Mientras la Policía Cibernética señaló que estas prácticas ya eran investigadas, pues se incluían en el Código Penal, la diputada Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que en muchas ocasiones quedaban impunes, ya que no estaban establecidas dentro del marco jurídico. Agregó que al tipificarlas se agilizará su combate.Con relación a los ciberdelitos cometidos desde otros lugares del mundo, la corporación compartió que tiene convenios con policías internacionales, pero reconoció que estas medidas no garantizan que el culpable sea procesado en su país de origen.Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), propuso capacitar a jueces, abogados y agentes del Ministerio Público para que sepan qué se persigue a partir de la reforma.Por otra parte, Rogelio Barba, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacó que también es importante realizar foros con académicos para eliminar las lagunas legales que puedan dejar en libertad a los responsables.Danya Centeno García, abogada de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cuestionó que tras los cambios en la Entidad estos ilícitos se ven agravados en caso de cometerse por medio de las Tecnologías de la Información. “Lo cual hace parecer que el internet y las redes sociales son malas”, comentó.
