Mediante un amparo, dos jueces y un consejero de la Judicatura burlaron el intento de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de quitarlos de su cargo. El Poder Legislativo canceló la sesión extraordinaria proyectada para ayer al mediodía, en la cual se contemplaba iniciar un juicio político en contra de los tres señalados por presuntos actos de corrupción.En un intento de acelerar el proceso en contra del consejero Jorge García González y los jueces Sergio Zúñiga y Cielo Aguamarina Ledezma, la bancada panista convocó a una reunión de la Comisión de Responsabilidades para preparar un dictamen que se votaría en sesión del Pleno, horas más tarde, con el fin de dictar una medida que suspendiera las atribuciones de los señalados. Sin embargo, la notificación de un recurso de amparo promovido por el consejero frenó cualquier procedimiento en su contra.Se buscó que la Comisión de Responsabilidades sesionara sin su presidenta, María Esther López Chávez (Morena), quien calificó el movimiento del PAN como “absurdo”, al tratar de ir más allá de las facultades del Congreso.“No podemos correr riesgo en una sesión del pleno cuando hay la presentación de amparos. Aunque no hay una suspensión como tal, podemos estar jugando en el filo de navaja contra las autoridades federales”, expresó el legislador panista, Gustavo Macías Zambrano, al confirmar que la sesión no se llevaría a cabo.Al mismo tiempo, Jorge García González denunció que la intención de separarlo del cargo se debe a un cambio de adscripción, pues él solía operar con el PAN y hoy lo hace con Morena, por lo que consideró que se trata de un “ensañamiento personal”.Además, el consejero denunció dos casos más de miembros del Judicial que se veían obligados a “entregar dádivas” al juez Carlos Alberto Fragoso, quien decía a los empleados que el dinero (entre tres mil y siete mil 500 pesos al mes) sería destinado al blanquiazul. Adelantó que, por esos hechos, interpondrá las denuncias correspondientes.A finales de mayo, las denuncias de juicio político en contra de los mencionados fueron ratificadas por la Comisión de Responsabilidades.
