El Estado presentó un deterioro en sus contrapesos contra el Poder Ejecutivo o Gobierno de Jalisco, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México, realizado por el Proyecto de Justicia Mundial (en el periodo 2021-2022). El estudio mide la situación de las 32 Entidades federativas por medio de ocho indicadores principales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En el caso del análisis sobre los límites al Poder gubernamental, Jalisco presentó un peor puntaje que en el periodo previo, con una calificación de 0.42, cuando anteriormente tenía un 0.43 (en una escala de 0 a 1, donde 1 es la máxima adhesión al Estado de Derecho).Ese indicador está dividido en subfactores: los Poderes Legislativo y Judicial como contrapeso, los organismos de control, las sanciones por abuso de poder, los organismos no gubernamentales eficaces y las elecciones que se apegan a la ley.En días pasados, el partido Hagamos denunció un intento de extorsión al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, al afirmar que “con la intromisión de altos funcionarios del Gobierno estatal” se buscó amenazar a los miembros de la Comisión de Selección para obligarlos a dictaminar a favor de una persona que obtuvo una menor calificación en el proceso de selección. De los ocho factores analizados por el Proyecto de Justicia Mundial, Jalisco está en los últimos lugares en dos rubros: ausencia de corrupción y justicia civil, en los cuales se ubica en el lugar 27 a nivel nacional, con un puntaje de 0.32 en ambos.En los cuatro subíndices de evaluación, el peor puntaje es para ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con una calificación de 0.27. Los otros tres aspectos que se toman en cuenta son ausencia de corrupción en el ejecutivo, ausencia de corrupción en el judicial y ausencia de corrupción en el legislativo.Mientras que en los ocho subfactores de justicia civil, los peores rubros son el de justicia civil expedita (0.22) y acceso a información y asesoría asequible en casos civiles (0.26).De acuerdo con el Proyecto de Justicia Mundial, el factor de justicia civil empeoró en Jalisco, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.“En esta área, el indicador peor calificado es el subfactor que mide si el sistema de justicia civil es expedito, el cual cayó en 18 Estados”.Por otro lado, remarcan que los mecanismos alternativos de solución de controversias siguen siendo una alternativa atractiva para mejorar el acceso a la justicia. A nivel general, en la evaluación de ocho factores, el promedio de la Entidad se mantuvo sin avances ni retrocesos, con una calificación general de 0.38 de un total de 1. Sin embargo, se mantuvo entre los peores lugares de la tabla nacional, en la posición 24, lo que significa que está entre los peores en el país. El promedio de todos los Estados es de 0.41, con lo que el país sigue reprobado.De acuerdo con el análisis, a nivel nacional los puntajes de esta edición continúan mostrando un estancamiento, e incluso un deterioro, en materia de Estado de Derecho en las Entidades del país. Los puntajes generales cayeron en 14 Estados: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.En seis mejoraron: Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas, y permanecieron sin cambio en Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.“Este año, fueron más los Estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances. Estos cambios se explican en gran medida, por tres tendencias. La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico. La segunda, es un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción”, destacó la corporación.En el ejercicio participaron más de 12 mil 800 personas de todo el país y dos mil 100 especialistas, quienes compartieron sus perspectivas y experiencias en las materias analizadas, “las cuales combinamos y validamos con datos cuantitativos de fuentes altamente confiables como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”, explican. Pese a los hechos violentos registrados en la Entidad, para el periodo 2021-2022 se mejoró en el factor de orden y seguridad, al subir de una calificación de 0.27 a 0.33, el cual mide ausencia de homicidios, de crimen, y mejor percepción de seguridad. “La sensación de seguridad de las personas subió en 24 Entidades federativas”, se explica.La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades que el Estado de Derecho busca proteger. Sin embargo, se alerta que esta medición “no incluye delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible trata de personas, entre otros, ya que no son susceptibles de medirse mediante encuestas y no existen datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país”. CT
