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Lunes, 20 de Agosto 2018

Inviable e inconstitucional, pena de muerte en Jalisco

Expertos analizan una de las propuestas del candidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cosío Gaona

Por: El Informador

La propuesta de Cosío quebranta el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 8 de la Constitución del Estado de Jalisco. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La propuesta de Cosío quebranta el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 8 de la Constitución del Estado de Jalisco. EL INFORMADOR/ARCHIVO

PROPUESTA
El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, propuso la pena de muerte como una medida severa en contra de la delincuencia.

"Pena de muerte a secuestradores, a violadores, a homicidas calificados, a feminicidas, a infanticidas; a grandes males, grandes remedios".

“Pena de muerte a secuestradores, a violadores, a homicidas calificados, a feminicidas, a infanticidas; a grandes males, grandes remedios. Hay que entrarle de lleno realmente con todo lo que conlleva esta medida”.

Sin embargo, la propuesta viola la Constitución del Estado, la Carta Magna federal y una serie de tratados internacionales firmados por México. Alejandro Anaya, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la calificó como una medida “irrealizable y electorera”.

NORMATIVIDAD
La propuesta de Salvador Cosío quebranta el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 8 de la Constitución del Estado de Jalisco que prohíben la pena de muerte.

Además, como México es firmante de varios tratados que también derogan la pena capital, el proyecto viola también el Artículo 1 de la Carta Magna mexicana que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.

En concreto, la propuesta quebranta los pactos internacionales suscritos por México destinados a abolir la pena de muerte como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José que prohíbe el restablecimiento de la pena capital en los países donde fue suprimida.

HISTORIA
Durante la época prehispánica en México, la pena de muerte era aplicada a quienes cometían adulterio, fornicación, eran alcohólicos o si eran sorprendidos teniendo sexo con una persona de su mismo género. En la época de la Colonia, las autoridades eclesiásticas imputaban este castigo a los que eran encontrados culpables de herejía u otros delitos considerados graves.

En la Constitución de 1842 se prohibió su aplicación para delitos políticos y en la de 1987 se eliminó para todos los crímenes. Sin embargo en 1929 reapareció de nuevo en la Carta Magna, pero en los años siguientes fue retirada de los Códigos Penales federal y de los estados.

Fue hasta diciembre de 2005 cuando se oficializó la abolición de pena capital tanto en la Constitución como en el Código de Justicia Militar.

VIABILIDAD
Alejandro Anaya, experto en derechos humanos del ITESO, explicó que en el hipotético caso de llevar esta propuesta a cabo, tendría que haber una reforma Constitucional y además México tendría que denunciar a los tratados internacionales que prohíben la pena capital, lo cual colocaría al país como un “paria a nivel internacional”.

Señaló que el Partido Verde no tiene el suficiente capital político para concretar este proyecto.

“Es una propuesta meramente electorera. Yo creo que los propios integrantes del Verde lo saben y, si no, sería muy grave. Aunque yo creo que deben de saber que es una propuesta que no tiene viabilidad a menos de que pensaran que pudieran lograr todas estas reformas y salirse de los tratados. No creo que el Verde pueda hacerlo, ni que tenga la fuerza política y los votos”.

Alejandro Anaya calificó como una bajeza este tipo de propuestas, pues aseguró que pretenden capitalizar electoralmente el coraje de las víctimas del delito.

“Ese coraje de las víctimas no lo cuestiono, es legítimo, pero tratar de manipular ese coraje, sentimiento de indefensión y de falta de acceso a la justicia me parece totalmente bajo y ruin de cualquier actor político. Este tipo de propuestas son un insulto a las víctimas”.

SEMÁFORO: DETÉNGASE, CANDIDATO.

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