La investigación que lleva a cabo la Fiscalía por el caso de las cajas de los tráileres en los que se almacenaron cientos de cadáveres sin identificar no es un asunto grave, por lo que las autoridades no creen que las personas responsables se puedan dar a la huida, aseguró el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar. "Deben estar localizables. No son gente que se tenga que dar a la huida, porque son delitos que de acreditarse --han sido muy mediáticos--, sin embargo, no son considerados delitos graves". A mediados de septiembre se reveló que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses almacenó los cadáveres de las personas sin identificar en dos cajas refrigeradas, una de las cuales fue sacada de las instalaciones y deambuló por cuatro municipios con los restos. Este hecho motivó a que diversos medios cuestionaran quiénes firmaron los contratos, cuánto se pagó por el servicio y demás, fue que salió a la luz que faltaban documentos y la fuente del financiamiento, por lo que la Contraloría atrajo el caso, además de que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. De la Cruz Tovar aclaró que las cajas de los tráileres fueron destruidas porque no son un elemento de prueba importante. "Lo que tenemos ahí son cuestiones administrativas que no se operaron adecuadamente y eso está en documentos, no está en los tráileres con los cuerpos". El fiscal admitió que al momento aún no se llama a declarar a ninguno de los altos funcionarios presuntamente involucrados, como el ex fiscal Eduardo Almaguer, o el ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal. "Todavía no, cuando sea necesario los vamos a llamar a declarar". Justificó que para llamarlos a declarar necesitan antes contar con los elementos suficientes recabados con las declaraciones de otros funcionarios. "Los que operan los contratos no son los fiscales, es el personal de apoyo, tenemos que saber primero si ellos hicieron bien las cosas para saber hasta dónde alcanzan las responsabilidades". Según se reveló en la glosa en días pasados, en 2016 se gastaron 222 mil 140 pesos por concepto del arrendamiento de las cajas, que fueron entregados a los proveedores, además de 528 mil pesos de diésel que se consumió en el mismo periodo, ambos conceptos pagados con una tarjeta entregada por la Fiscalía. Durante el 2017 y el 2018 no se realizó ningún pago. Aún no se sabe cuándo podrá concluir la investigación. "Van a haber sanciones, van a llegar hasta los niveles que tengan que llegar, si las sanciones quedan en personal administrativo es porque ahí tenían que llegar, si quedan hasta más arriba, a los titulares de las dependencias es porque hasta ahí los alcanzó la responsabilidad".LS
