En los últimos dos años y cinco meses, los 783 accidentes que involucran al transporte público en la ciudad dejaron mil 776 heridos y 90 fallecidos. Sin embargo, aunque uno de los objetivos del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial fue indemnizar o apoyar a las víctimas, sólo han otorgado 129 mil 200 pesos como “apoyo para gastos funerarios”. Para los pasajeros es complicado acceder a una reparación del daño, ya sea por el proceso legal o porque no hay apoyo de la Secretaría de Transporte (responsable del fideicomiso). Ni siquiera en casos emblemáticos, como el accidente en 2014 afuera de la Prepa 10.Belén Vázquez, hermana de la estudiante María Fernanda, quien murió en aquel “camionazo”, explica que no han recibido algún beneficio los afectados que siguen un proceso penal. “Ni de la mutualidad ni del Gobierno. Siguen como seis personas (el proceso), incluyéndonos a nosotros”. Seis años y aún no resuelve el Poder Judicial.En contraste, el dinero llega más fácil a los concesionarios del transporte. En 2018, los dueños de la ruta empresa recibieron 42.5 millones de pesos y, en 2019, les regalaron 310 millones para que adquirieran el equipo para el pago electrónico. Además, en febrero pasado fueron publicadas las reglas de operación para el programa de ayuda para que adquieran nuevos camiones, con 500 millones; es decir, en tres años recibirán 852.5 millones. CLAVESCreación. El Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial surgió para crear un fondo integrado con el producto de los ingresos que recaude el Gobierno del Estado, derivado de las infracciones por sistemas de detección de velocidad, para destinarlos a finiquitar los contratos, a la conservación, ampliación y mantenimiento de equipo para detección de paso en semáforos, para el pago de servicios personales y el desarrollo del Programa de atención a víctimas el transporte público.Cambios. El 30 de agosto de 2018 se suscribió un convenio modificatorio, en el que se ampliaron los fines del fideicomiso para incluir, entre otros puntos, el pago de proyectos de movilidad urbana sustentable y un subsidio para que los concesionarios del transporte público urbano emigren al sistema de transporte urbano denominado ruta empresa.Belén Vázquez, hermana de María Fernanda, quien también fue coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco, explica que en su caso todavía no hay justicia, pese a que el conductor responsable quedó preso y se está llevando un proceso penal.“El proceso penal, cuando se dicta sentencia, va acompañado de una cláusula que dice la reparación del daño. En esa reparación del daño se específica el monto que debe de recibir la víctima, acompañada de la sentencia. En nuestro caso, como fue una pérdida de vida, en ese momento era el monto de 350 mil pesos, pero sólo podemos acceder hasta que esté acompañado de la sentencia”.Recuerda que el accidente acontecido frente a la Preparatoria 10 dejó 24 personas afectadas. Varios involucrados otorgaron el perdón porque las lesiones eran leves, aunque la persona que más recibió fueron cinco mil pesos.“Y las otras chicas, que como nosotras quedaron más afectadas, tuvieron muchas operaciones, pero el juicio, el Ministerio Público y los diferentes jueces hicieron un pésimo trabajo… y ellas no van a poder acceder a la reparación del daño”.Destaca que actualmente están a la espera de una resolución, ya que hace tres meses interpusieron un recurso de amparo porque redujeron la pena del conductor.“Estamos a la espera de que alguna sala de magistrados dicte la nueva sentencia, pero creemos que puede ser la última… esperaríamos que ningún juez vuelva a reponer todo el proceso. Lo único que podemos hacer es esperar e intentar que todo siga su curso conforme a la ley, a pesar de que acceder a la justicia sea tan difícil”.Agrega que en muchos accidentes no es que las personas no denuncien o no lo necesitan, sino porque el proceso es muy tortuoso. “En muchas ocasiones ni la Secretaría de Transporte ni la Comisión (de Víctimas) tienen un protocolo adecuado para atender a las víctimas”.El Panel informativo de siniestros que involucran al transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara indica que el deceso más reciente fue el pasado 6 de mayo, en el municipio de Tlaquepaque, cuando una persona se trasladaba a pie por el Periférico Sur. El corte de la información es del 10 de mayo de 2020.La pasada administración de la Secretaría de Transporte (Setran) publicó un Mapa de siniestralidad de la metrópoli, con el objetivo de mostrar zonas y grupos de riesgo para accidentes en general y en donde participan unidades del transporte público, con la intención de medir el resultado de las políticas públicas y las campañas de cultura vial. Sin embargo, la última actualización del documento se realizó en 2017.En ese año, los cruceros que registraron más de tres accidentes viales fueron Periférico y su intersección con avenida Tabachines, Periférico y calzada Independencia, así como Alcalde y Angulo.Desde la pasada administración, en 2015, también se ubicaron los 10 cruceros de la ciudad en los que hay un mayor riesgo de accidentes. Nueve de éstos cruzan con el Anillo Periférico.Víctimas en 2020Entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2020 fallecieron siete peatones, cuatro motociclistas, dos ciclistas y un pasajero, tras accidentes donde estuvo vinculado el transporte público.ReacciónSe solicitó entrevista con la Secretaría de Transporte, pero no se concretó.Los peatones son los más vulnerables en los accidentes relacionados con el transporte público, de acuerdo con la estadística de siniestralidad publicada por la Setran.La Dirección Jurídica del Transporte Público registra que, entre el 1 de enero de 2012 y el 19 de abril de 2020, ocurrieron cuatro mil 655 accidentes vinculados al transporte público, los cuales dejaron como saldo ocho mil 732 heridos y 378 muertos.Aunque 2019 fue el año con menos accidentes, con 957 percances, en los primeros cuatro meses de 2020 suman 14 decesos, casi la mitad de los 30 fallecimientos contabilizados el año pasado.El grupo más vulnerable en muertes es el de peatones, que representa 47% de los 378 fallecimientos en ese periodo. Después siguen los motociclistas, con 55 muertes, y los ciclistas, con 41 decesos. Entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2020 fallecieron siete peatones, cuatro motociclistas, dos ciclistas y un pasajero del transporte público.En noviembre del año pasado, el Gobierno estatal anunció el relanzamiento del Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público. En ese entonces, el titular de la Setran, Diego Monraz, dijo que el objetivo era reducir a cero las muertes vinculadas al transporte público. También se afirmó que, en cada uno de los 30 casos mortales de 2019, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. En aquellos donde se determina que la unidad del transporte fue la responsable, la dependencia hace la reparación del daño. Según refirió, hubo dos casos acontecidos el año pasado que se negaron a recibir la compensación porque prefirieron continuar con el proceso legal. Y los 129 mil 200 pesos entregados hasta el momento a las víctimas se erogaron en octubre de 2018; es decir, que no han otorgado apoyos en la actual gestión.El Gobierno de Jalisco presume que avanza en convertirse en la primera Entidad en contar con un sistema único de pago electrónico y monitoreo “en todas las unidades del transporte público”.En los próximos días se informarán las siguientes etapas para la complementación del sistema, donde se incluye la instalación de más de 700 puntos fijos de recarga por todo el Estado, así como el inicio de la renovación de la flota.Sobre los nuevos apoyos que se otorgarán a los transportistas para la renovación de unidades volverán a salir del fideicomiso mencionado. De acuerdo con las reglas de operación, el pago de los apoyos deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Y será la Secretaría del Transporte, junto con el comité técnico, la responsable de la supervisión directa de las acciones, de la entrega de los apoyos y la verificación de los vehículos de transporte público adquiridos. El objetivo es la renovación de aquellas unidades con 10 años de antigüedad que formen parte del Sistema “Mi Transporte”. El apoyo será definido por el tipo de ruta y las superficies que atienden, lo que será validado por la Secretaría. Destinarán desde 440 millones hasta 550 millones de pesos, sujetos a la suficiencia presupuestal.Se consideran cuatro clasificaciones para definir el porcentaje de apoyo, según el costo de los vehículos. Para las unidades cuyo valor no supere los tres millones 720 mil pesos, el recurso será correspondiente a 706 mil 800 pesos.Sigue: #DebateInformador¿Mejoró el sistema del transporte público con el nuevo modelo?Participa en Twitter en el debate del día @informador
