Para tratar de evitar retrasos en la obligación de cubrir pensiones alimentarias, fue aprobada en el Congreso estatal una reforma con la que se creará el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jalisco, donde se incluirá a quien se atrase en el pago de la pensión por más de 90 días. De acuerdo con lo aprobado quienes caigan en este registro no podrán realizar trámites para adquirir, transferir, modificar o extinguir la propiedad de una posesión y en caso de que quiera hacerlo el Registro Público debe notificar al juez del caso. También se notificará al Colegio de Notarios sobre estas restricciones.Para salir del "buró de morosos" alimentarios se debe poner al corriente del pago de pensión y el juez deberá solicitar la cancelación del registro. La modificación incluyó que cuando no sean comprobables los ingresos del deudor alimentario el juez deberá calcular la pensión basado en la capacidad económica del deudor y la necesidad de quien debe recibirlos. El monto se deberá actualizar cada dos años. El padrón de deudores estará a cargo de la Dirección General del Registro Civil.Para conformar el listado de morosos alimentarios se reformó el Código Civil estatal, la Ley del Registro Civil del Estado y la Ley del Registro Público de la Propiedad.Sacan del "limbo" cobro de multasCon estrechamiento del proceso legislativo, diputados locales corrigieron el error que dejó en el limbo jurídico el cobro de multas consideradas en el artículo 174 de la Ley de Movilidad. El diputado Jonadab García, presidente de la Comisión de Movilidad, admitió que incurrieron en imprecisiones en la reforma que avalaron el pasado 12 de junio, para aumentar la multa por manejar sin licencia vigente, pues en los artículos transitorios se estableció que el decreto entraría en vigor en enero de 2020; pero sin especificar que sólo se referían al incremento de la sanción por no tener la licencia.En la corrección se modificaron los transitorios para precisar que todas las fracciones del artículo 174 están vigentes, a excepción del párrafo cuarto que aplicará a partir de enero próximo. Dan segunda oportunidad El pleno del Congreso del Estado aprobó remitir a la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) para una segunda revisión los informes finales de las cuentas públicas de los Ayuntamientos de Puerto Vallarta, Tlaquepaque y El Salto 2016. Además de Jilotlán de los Dolores, Cuautla, Ixtlahuacán de los Membrillos 2017. En todos los casos la ASEJ hizo observaciones al ejercicio presupuestal de los municipios. Por otra parte, en sesión extraordinaria el pleno del Poder Legislativo rechazó el dictamen de la Comisión de Responsabilidades que proponía desestimar el juicio político 17/2018 en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Armando García Estrada. El punto recibió 23 votos en contra y se instruyó a la Comisión analizar alternativas para reconsiderar la procedencia de la solicitud. Avanza sanción a alcaldesa de ChimaltitánLegisladores de la Comisión de Gobernación aprobaron acuerdo para suspender del cargo por 15 días sin goce de sueldo a la presidenta municipal de Chimaltitán, Vicenta Torres Torres. La medida se tomó para atender la solicitud del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, por el incumplimiento en el pago de un laudo por 594 mil 530 pesos. La suspensión aún debe ser ratificada por el pleno del Poder Legislativo.LS
