Domingo, 28 de Abril 2024

Gobierno estatal revive impuesto verde a empresas contaminantes

Urge al Congreso a dictaminar la propuesta del gravamen a quienes emitan carbono y otros gases en sus procesos productivos

Por: El Informador

El planteamiento para crear un nuevo impuesto verde se presentó desde el 25 de junio de 2020. EL INFORMADOR/Archivo

El planteamiento para crear un nuevo impuesto verde se presentó desde el 25 de junio de 2020. EL INFORMADOR/Archivo

A casi dos años de que presentó la iniciativa para crear un nuevo impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, el gobernador de Jalisco remitió un oficio al Congreso del Estado en el que solicita la dictaminación de la propuesta y advierte que el Poder Legislativo incumple con los plazos que marca la ley para analizar esta reforma y otras iniciativas presentadas.

El planteamiento para crear un nuevo impuesto verde se presentó desde el 25 de junio de 2020 y establece que el nuevo gravamen lo deberán cubrir todas las unidades económicas, empresas o personas físicas, que produzcan emisiones de carbono y otros gases a la atmósfera generados en los procesos productivos. Refiere que, con lo recaudado, el Gobierno del Estado financiaría políticas y programas de adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como acciones de sustentabilidad de las actividades económicas, industriales y productivas.

Apenas el año pasado, diputados aprobaron otra iniciativa del Gobierno estatal para aumentar el Impuesto sobre la Nómina (ISN), afectando a 130 mil empresas. El argumento fue para destinar ese recurso a la infraestructura escolar en Jalisco.

Sobre el nuevo documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Priscilla Franco Barba, se cuestiona que los tiempos del proceso legislativo no se han respetado en el caso de su propuesta sobre el nuevo impuesto ambiental, ni en la reforma constitucional para facultar al gobernador para revisar la continuidad en el pacto fiscal, al menos una vez cada seis años.

El Poder Ejecutivo argumenta que, según el marco legal, las comisiones legislativas tienen un plazo máximo de 60 días para revisar las iniciativas y, en caso de no realizarlo, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva deben proponer al pleno la conformación de una comisión especial para realizar el estudio y el dictamen de la iniciativa.

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