Pena de hasta 15 años de cárcel podrán recibir los trabajadores de instituciones financieras que filtren información a los delincuentes que cometen los llamados “robos conejeros”. El pleno del Congreso de Jalisco avaló una reforma al Código Penal del Estado para que esta conducta sea considerada delito agravado y sancionar al personal bancario o de una recaudadora que haga mal uso de la información que tiene sobre retiros monetarios para facilitar un robo.De acuerdo con el dictamen, la sanción máxima de hasta 15 años de prisión aplicará en los casos donde el monto del hurto supere los 86 mil 880 pesos (mil Unidades de Medida y Actualización, UMA). También sanciona la sustracción o copia de información de tarjetas bancarias, pagos electrónicos o servicios vía internet y aplicaciones móviles. “Finalmente se aprueban las sanciones a los funcionarios o ejecutivos de banco que den la información para que asalten al cuentahabiente saliendo del banco. Serán sancionados igual que los delincuentes que realizan el robo”, comentó la diputada Mariana Fernández; promotora de la reforma.La sanción de cinco a 12 años de cárcel aplicará cuando el valor del robo sea hasta de 370 UMA (32 mil 145 pesos). En los casos donde no pueda determinarse el valor del robo, aplicará pena de cinco años seis meses hasta nueve años en prisión.Las nuevas disposiciones entrarán en vigor luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El pleno del Congreso nombró a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ). Ocuparán el cargo Fharide Acosta Malacón, María del Socorro Piña Montiel, Víctor Hugo López Martínez y Antonio Vázquez Romero. Como suplentes quedaron María Luisa Jiménez Ruiz, Mónica María Ortiz Gómez, Alfonso Tadeo Cacho y José Manuel Torres Moreno; respectivamente.En otros temas los legisladores aprobaron un acuerdo para pedirle a la Secretaría de Salud Jalisco que tenga las pruebas suficientes para la detección del virus COVID-19 en municipios. También solicitan que implemente una estrategia de protección y resguardo de los casos positivos.Además, se aprobó un exhorto al Ayuntamiento de Guadalajara para que emita la declaratoria del “Tianguis El Baratillo” como patrimonio cultural inmaterial del Estado.También fue avalado desechar un paquete de solicitudes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón que pidió suspender del cargo por 15 días sin goce de sueldo a síndicos, regidores y alcaldes de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Huejuquilla el Alto, Tlajomulco de Zúñiga y Tala. Estos recursos son derivados de juicios laborales.NR
