Diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades admitieron una denuncia de juicio político en contra de la presidenta municipal de Tlaquepaque María Elena Limón García; señalada por particulares por un presunto incumplimiento en la regulación de mercados municipales.En el proceso también se incluye al síndico José Luis Salazar Martínez, a Salvador Ruíz Ayala secretario general y a Juan Martín Núñez Morán director del área de inspección a mercados del ayuntamiento.La diputada María Esther López Chávez, presidenta de la Comisión, explicó que la radicación implica que analizarán si hay elementos suficientes para dar el siguiente paso y si procede la incoación del proceso, que debe ser avalada por el pleno del Poder Legislativo.“Sigue el estudio del asunto, de las pruebas. Podríamos solicitar cuestiones documentales para que nosotros tengamos elementos para definir si procede o no el juicio político, si es falta administrativa. Tenemos 90 días, se amplió el término por cuestiones de investigación”, comentó.En la misma sesión se avaló la radicación de un proceso en contra de los jueces Leopoldo Partida y Arturo Espinoza que también inició su etapa de revisión.En contraparte, fueron desechadas una denuncia contra la consejera de la Judicatura Claudia Rivera Maytorena, otra contra el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí y una contra el alcalde de Cihuatlán Fernando Martínez Guerrero. En los tres casos se presentaron las acusaciones y no fueron ratificadas.Aunque desde septiembre de 2017, la Comisión de Responsabilidades resolvió proponer destituir al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE), Alberto Barba Gómez, e inhabilitarlo por 10 años; el asunto sigue suspendido pues el juzgador interpuso diferentes recursos de los cuales siguen activos seis procesos de amparo.La diputada María Esther López Chávez, presidenta de la Comisión, informó que el pleno del Poder Legislativo no puede votar las conclusiones acusatorias, por los procesos que siguen abiertos. Detalló que para cumplir una de las resoluciones, la comisión debe volver a revisar las conclusiones acusatorias y analizar una solicitud del magistrado de aportar pruebas testimoniales a su favor.“Él (magistrado) dice, yo quiero presentar pruebas testimoniales y el juez de distrito le da la razón. El expediente nos lo regresan para nosotros resolver si es conducente en términos del amparo que le conceden que presente testimoniales. Creo que este es un asunto de trámite para hacer un proceso dilatorio”, argumentó la legisladora morenista.En el expediente del juicio 15/2016 se expone que se comprobó que el magistrado autorizó la edificación de un inmueble en Zapopan, no permitido por la ley e incurriendo en una conducta ilegal. La denuncia fue presentada por Harold Dutton en calidad de habitante del Fraccionamiento El Roble, acompañado por el alcalde Pablo Lemus Navarro.NR
