Desde que comenzó a operar el Nuevo Sistema de Justicia en la Entidad, la tortura “desapareció”. En tres años, ningún juez ha reportado al Ministerio Público que se haya advertido que algún elemento de prueba fue obtenido en las audiencias mediante tortura, según informó el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con el Artículo 53 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (publicada a mediados de 2017), cuando el juez advierta la existencia de cualquier dato o medio de prueba obtenido a través de tortura, debe denunciar a la Fiscalía Especializada para que se inicie una investigación. Pero la administración del Distrito 1 de Juzgados de Control y Juicio Oral en Tonalá informó que, desde 2017, existen “cero” carpetas de investigación por estos casos. Misma situación en el resto de los distritos judiciales: cero expedientes, no cuentan con esa información o no encontraron registro alguno. “En este órgano jurisdiccional no existen registros en los que se advierta que un dato de prueba fue obtenido por actos de tortura durante audiencias”, respondió el Distrito 10 con sede en Tequila. Al respecto, César Octavio Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), opinó que “el Poder Judicial poco se ha analizado o investigado. Desafortunadamente, las víctimas de tortura son revictimizadas porque hasta cuando denuncian al Poder Judicial, éste no realiza la vista de la que tiene obligación”.Fernando Zambrano Paredes, coordinador de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), reconoció que la práctica no se ha erradicado y que existe una cifra negra “muy alta”, pese a que apenas se denuncian unos 20 casos al año. En general, remató, sólo son tipificados como tortura aquellos casos en los que es muy evidente, ya sea por la presión mediática o de la misma Comisión.JL
