Durante todo 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió 283 recomendaciones a distintas autoridades de Jalisco tras identificar violaciones a los derechos humanos de las personas, según el Informe de Actividades 2021 presentado este miércoles por el ombudsman, Alfonso Hernández Barrón.A partir de dichas recomendaciones, la CEDHJ logró que se emitieran pagos por cinco millones 993 mil 687 pesos, y que se sancionara a 187 personas servidoras públicas. Sin embargo, la cifra es 68.3% menor que la reportada hace cinco años, cuando en 2017, se lograron pagos por 18 millones 954 mil 357 pesos.A esto además se suma que el número de recomendaciones emitidas es mayor a las presentadas cuando recién había llegado Hernández Barrón al cargo de ombudsman. Según detalla el informe anual de 2017, entonces se presentaron apenas 40 recomendaciones.De acuerdo con el titular de la CEDHJ, lo anterior se debió a fallas presentadas en la Comisión Estatal de Víctimas, pues ésta todavía no ha terminado de ser constituida, ya que requiere que se sumen tres representantes de la sociedad civil, además de que, aseveró, la pandemia frenó la labor de la CEDHJ.“La mitad de nuestra gestión está marcada por la pandemia. Nosotros con los datos que teníamos a 2019 habíamos hecho un repunte de la dinámica que traíamos, y vimos como en mucho de los rubros se estancaron”, añadió el ombudsman.Entre las autoridades a las que se dirigieron más recomendaciones fueron la Fiscalía del Estado, con 13; el Ayuntamiento de Tlajomulco, con siete y la Secretaría de Seguridad Pública, los Ayuntamientos de Puerto Vallarta y Tlaquepaque, con cinco recomendaciones cada una.Por otra parte, el Informe de Actividades 2021 también detalla que el Siapa, la Fiscalía y el Gobierno del Estado fueron las autoridades estatales más señaladas en las quejas presentadas por la ciudadanía.Las violaciones más señaladas fueron al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, prestación indebida del servicio público, violación al derecho a la protección a la salud, violación a los derechos ambientales, y negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua.Por otra parte, detalló, se brindó acompañamiento a la ciudadanía en 227 marchas y manifestaciones llevadas a cabo durante todo 2021, a fin de garantizar que se cumpliera el derecho a la libre manifestación y se salvaguardara la integridad de las personas que protestaban en ellas.JM
