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Desaparición forzada en la alcaldía de Cuautitlán 

Por: Rubén Martín

Desaparición forzada en la alcaldía de Cuautitlán 

Desaparición forzada en la alcaldía de Cuautitlán 

Higinio Trinidad de la Cruz, de 44 años, habitante de la comunidad indígena de Ayotitlán, fue localizado sin vida el sábado en la carretera que va de Cuautitlán de García de Barragán a la localidad Las Marías, aquí en Jalisco. Higinio Trinidad de la Cruz era uno de los defensores más activos del territorio perteneciente a la comunidad indígena nahua de Ayotitlán.

El asesinato de este defensor del territorio de su comunidad se suma a una larga lista de ejidatarios y dirigentes indígenas a lo largo de varios años. A la muerte de Higinio Trinidad de la Cruz se suma el hecho de que se trata de una desaparición forzada, pues, según testigos, desde el jueves por la noche fue citado a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, a donde acudió por la mañana del viernes 24 de noviembre. Y según los mismos testimonios, fue visto cuando era sacado por la parte trasera de la alcaldía. Al día siguiente fue encontrado asesinado por una herida de arma de fuego.

De confirmarse esta versión, estaría ante un grave caso de desaparición forzada y eventualmente de un asesinato extrajudicial que cuenta con la participación, posiblemente, de autoridades municipales y con la aparente complicidad del crimen organizado.

Eduardo Mosqueda, director de la agrupación civil Tsikini Pro Justicia y Dignidad y abogado de la comunidad de Ayotitlán, informó que la población exige que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por la Fiscalía estatal, ya que se desconfía de las autoridades locales. El abogado de Tsikini ha denunciado la presencia del “crimen organizado que llega para reprimir y destruir cualquier atisbo de resistencia en esta zona”. En declaraciones para el diario El País, Mosqueda señaló que “cada reunión que hacen ellos, llega el cártel Nueva Generación a tratar de desintegrarla”.

La comunidad indígena nahua de Ayotitlán ha luchado durante décadas por la defensa y restitución del territorio. A finales del siglo XVII, la Corona española reconoció a este pueblo con cerca de medio millón de hectáreas. Dos siglos y medio después, el Estado mexicano apenas le reconoció una décima parte de su antiguo territorio, mediante resolución presidencial, y apenas han tomado posesión de 35 mil hectáreas.

Las muertes y desapariciones con las que ha pagado la comunidad se deben, en buena medida, a la riqueza de su territorio en minerales, bosques, agua y biodiversidad. En la comunidad está asentada la minera Peña Colorada, propiedad de la compañía extranjera ArcelorMittal. La minera ha devastado tierras y aguas de la comunidad, por lo que esta ha exigido la reparación del daño. Y si bien ha llegado a acuerdos con el ejido mediante la cual reparte unos 90 millones de pesos a los ejidatarios de Ayotitlán, hay desacuerdo con las actuales autoridades del núcleo agrario.

Justo para tratar de cambiar esta situación, a comienzos de 2021 J. Santos Isaac Chávez se postuló para presidir el ejido, pero fue detenido y desaparecido por un grupo de hombres armados el 1 de abril de ese año. Tres días después su cuerpo fue encontrado en su camioneta desbarrancada.

Diez años antes, Celedonio Monroy Prudencio, abogado y defensor de la comunidad, fue detenido también por un grupo de hombres armados el 23 de octubre de 2012. Desde entonces Celedonio sigue desaparecido. Desde 2017, el Congreso Nacional Indígena documentó los homicidios de Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, ocurridos en 2001 y 2003; el asesinato de Juan Monroy y José Luis Rosales Conteras y Rogelio Rosales Ramos, según consigna Analy Nuño en un reportaje sobre la violencia en la sierra de Manantlán (https://cutt.ly/YwOhCWdl).

La violencia, estatal o criminal, que se cierne sobre Ayotitlán es un ejemplo extremo del alto precio que pagan habitualmente los pueblos y comunidades indígenas por la defensa de su territorio y bienes comunes. El asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz debe ser investigado y sus asesinos deben ser castigados. Asimismo, debe investigarse si la autoridad municipal colaboró con quienes cometieron este crimen. 

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