…Y de repente, ¡eureka!: a raíz del “Lunes Negro” de la semana pasada, que tuvo su epicentro en la zona predominantemente restaurantera y comercial de la Avenida Chapultepec, y de la consiguiente “sicosis” que en el curso de los siguientes tres días ahuyentó de la zona a sus habituales parroquianos (¿quién dijo que “no hay entusiasmo tapatío que dure más de 72 horas”…?), a un dirigente del gremio restaurantero se le encendió el foco: “Que los propietarios de los establecimientos se armen con pistolas para defenderse”.-II-La propuesta, planteada durante una “reunión de seguridad” entre empresarios de la zona y autoridades municipales de Guadalajara, permite recordar que la Constitución (Artículo 10) otorga a los habitantes del país el “derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa”, y los reglamentos complementarios permiten tener esas armas en el automóvil o el centro de trabajo, como extensiones del domicilio.Sin embargo, como señalan Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero en sus comentarios al texto constitucional, “la portación de armas (…) estaba sujeta a meros reglamentos de policía, lo que condujo a un abuso de esta prerrogativa constitucional y al incremento del ‘pistolerismo’”. El legislador, en consecuencia, la restringió, condicionándola a la obtención de una licencia. Además, la misma Constitución establece (Artículo 17) que “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.-III-Ha habido situaciones sintomáticas del riesgo de liberalizar la portación de armas en el país. Hará unos 50 años, a raíz de que se volvieron recurrentes los asaltos a taxistas en el ex Distrito Federal, las autoridades les permitieron llevar armas en el vehículo. Al poco tiempo tuvieron que dar marcha atrás, al volverse frecuentes los asaltos a pasajeros… por parte de los taxistas. La otra fue la creación de las llamadas “autodefensas” en los estados de Michoacán y Guerrero, para hacer frente a los ataques y extorsiones de los carteles. Inicialmente empleaban armas pequeñas, mosquetones, etcétera, pero al optar por armas de grueso calibre y excederse en sus atribuciones, el Gobierno federal ordenó su desarme: algo que no se ha conseguido a cabalidad.En todo caso, las “autodefensas”, en cualquiera de sus versiones, lo mismo más o menos institucionalizadas que decididamente clandestinas, son, sin más, la suscripción al derecho a la legítima defensa del ciudadano… cuando la eficacia de la autoridad en esa materia es inversamente proporcional a la vehemencia de su discurso. Punto.
