Riva Palacio revela caos en la UIF por caso Rocha Moya

El Gobierno de México habría ejecutado una estrategia de simulación en el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales acusados en Estados Unidos de colaborar con "Los Chapitos". Aunque las autoridades congelaron las cuentas bancarias de los señalados, el proceso estuvo marcado por dilaciones temporales y presiones internas que provocaron la renuncia de varios funcionarios clave, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.

La medida contra el denominado "grupo de los 10" se originó por una solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitida el 6 de mayo. Sin embargo, el análisis de los tiempos y los procedimientos internos sugiere que las acciones oficiales sirvieron más como una pantalla que como una persecución real del delito, configurando un escenario donde se busca "engañar con la verdad".

El "periodo de gracia" que facilitó el movimiento de fondos

La principal irregularidad administrativa radica en la ventana de tiempo que transcurrió entre la acusación formal en el extranjero y la reacción de las instituciones financieras mexicanas. El bloqueo de los fondos se ordenó ocho días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara los cargos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.

Este retraso resultó crítico debido a la velocidad con la que se operan los sistemas bancarios actuales. De acuerdo con el columnista, este margen temporal anuló la efectividad de la medida precautoria:

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"La UIF le regaló más de una semana a los imputados para que pudieran limpiar sus cuentas y trasladar su dinero fuera de México o a cuentas en paraísos fiscales, o realizar ingenierías financieras para transferir sus fondos de manera que no pudieran ser rastreados".

A diferencia de administraciones pasadas, donde se detectaron esquemas de corrupción para descongelar cuentas momentáneamente a cambio de comisiones, en esta ocasión los implicados contaron con un plazo libre de restricciones que les permitió blindar sus recursos sin necesidad de intervenir los sistemas.

Bloqueos informativos y exoneraciones exprés dentro de la UIF

Tras la intervención de la CNBV, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó los expedientes financieros correspondientes. No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Omar Reyes Colmenares, habría recibido contraórdenes para limitar el flujo de datos hacia el Ministerio Público, lo que impidió consolidar una investigación sólida sobre el origen del dinero.

"El titular de la UIF... no fue autorizado para responder a la Fiscalía de manera contundente y con toda la información que tenía. No se sabe quién específicamente le dio esa instrucción, pero la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y responde directa y únicamente al titular de esa dependencia. Fue la primera obstrucción".

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Posteriormente, la UIF comenzó a formular un dictamen para exculpar al exgobernador Rocha Moya de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta maniobra técnica coincidió con las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien afirmó públicamente que no se habían hallado conductas delictivas vinculadas al exmandatario sinaloense.

Crisis interna: Renuncian funcionarios por negarse a firmar dictamen

La elaboración del documento exculpatorio generó una fractura interna en la dependencia federal. Múltiples servidores públicos con facultades legales para validar los informes se opusieron a firmar una exoneración que no cumplía con los protocolos de verificación financiera obligatorios.

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Ante las presiones de la directiva para destrabar el trámite, al menos cinco funcionarios presentaron su renuncia irrevocable, al considerar que se estaba cometiendo una violación directa al debido proceso legal al dictaminar la inocencia de los sospechosos antes de realizar las auditorías correspondientes.

Fallas de vigilancia provocan la fuga de dos exsecretarios clave

El blindaje institucional se centró prioritariamente en la figura de Rocha Moya, descuidando el control operativo sobre el resto de los involucrados. Las autoridades omitieron implementar una "campana" —mecanismo de vigilancia y seguimiento policial continuo— sobre los exfuncionarios bajo investigación.

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Esta ausencia de supervisión física permitió que dos perfiles de alto nivel evadieran el territorio nacional: el exsecretario de Administración, Enrique Alfonso Díaz Vega, y el exsecretario de Seguridad, el general de División Gerardo Mérida. Ambos excolaboradores utilizaron la infraestructura logística y los recursos financieros no congelados para salir del país y entregarse a las agencias de seguridad estadounidenses en Arizona e Irlanda, donde ya iniciaron negociaciones formales para actuar como testigos cooperantes en el juicio de Nueva York.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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