Las políticas de seguridad pública, en etapa de debate

CIUDAD DE MÉXICO (16/AGO/2010).- La ronda de diálogos tendiente a consolidar una nueva política de Estado de Seguridad Pública todavía no da resultados. El tema está en proceso de discusión, del que aún no se avizoran avances concretos. El Presidente Felipe Calderón ha tomado la iniciativa, pero está atado de pies y manos. No encuentra eco en sus interlocutores.

La coyuntura que le toca vivir al Mandatario por estos días no es nueva, según revela un repaso de las principales acciones tendientes a abatir el crimen organizado.

Desde que comenzó la gestión, Calderón se manifestó a favor de crear una Policía nacional similar a la colombiana, sin embargo con el paso del tiempo su discurso cambió y ahora sólo propone generar 32 policías estatales con un mando único.

Si bien la medida cuenta con el apoyo de la mayoría de gobernadores, los presidentes municipales se oponen a la desaparición de sus corporaciones, que dicho sea de paso, constituye la primera institución en corromperse frente al crimen organizado, en gran medida por sus bajos salarios.

Así es como asoma un “plan B”: ahora se habla de un nuevo modelo policial y se ha creado una comisión para que impulse el proyecto en el Poder Legislativo, a partir de septiembre.

La extinción de dominio es otro pendiente. Si bien se aprobó en 2009 apenas y se ha utilizado, el único juicio proviene de hace un mes, cuando una finca de la Ciudad de México utilizada por el crimen organizado pasó a manos del Gobierno Federal.

Recientemente el presidente del Senado, Carlos Navarrete, y ministros de la Suprema Corte de Justicia criticaron al Gobierno federal por no aplicar las herramientas que aprueba el Congreso de la Unión.
La legislación que permite golpear las narcofinanzas mediante una serie de regularizaciones bancarias, también ha sido objeto de crítica por partes expertos en seguridad pública.

De hecho, el pasado martes el Presidente Felipe Calderón admitió la dificultad para rastrear recursos de procedencia ilícita e instruyó al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, a buscar nuevos mecanismos que ataquen con mayor eficacia este ilícito.

El ejercicio trata de poner en la mesa la situación de cada uno de los pendientes prioritarios en seguridad.

Sergio Cázares

Policía Nacional o mando único

El Presidente Felipe Calderón planteó la creación de una nueva corporación desde marzo de 2008, consciente del proceso de descomposición de los cuerpos policiacos. “No lo he planteado abiertamente, pero cada vez estoy más convencido de que se requiere una policía nacional”.

Fue hasta junio pasado cuando el Presidente volvió a tocar el tema en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, aunque cambió su discurso y planteó la creación de 32 policías estatales con un mando único.
La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) ya había dado el visto bueno en la última semana de marzo.

Calderón también decidió crear una comisión especial para dar seguimiento al tema y la conformó con los gobernadores de Nuevo León, Jalisco y Chiapas, así como con los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, y el procurador general de la República.

Los primeros en descalificar la medida son los alcaldes de todo el país, que a través de la Asociación de Municipios de México (AMMAC) ya avisaron que 90% de los presidentes municipales del país se oponen a la medida.
“Las policías municipales no son las responsables del crecimiento delincuencial, sino que este problema tiene múltiples factores”, dijo la presidenta de la AMMAC y alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares Villagómez.

Cuadro de situación.- Luego de más de tres años de gestión calderonista, no hay avances. Además del cambio de discurso, el Presidente no mantiene la idea original de conformar una Policía Nacional. Además alcaldes y gobernadores no se ponen de acuerdo. La iniciativa está en el aire, el Mandatario prometió presentarla a consideración del Congreso en septiembre.

Legalización de las drogas

Un tema espinoso al que el Presidente le entró hace un par de semanas, en el marco del “Diálogo por la Seguridad”. Desde el primer día del foro en el que estuvieron asociaciones civiles, Eduardo Gallo, de México Unido Contra la Delincuencia, y María Elena Morera, de Causa Común, pidieron debatir el tema.

El martes 3 de agosto fue el historiador Héctor Aguilar Camín quien instó a “dar un paso serio” hacia la legalización. Fue entonces que el Presidente respondió: “Es un debate medular, pienso que debe darse habiendo una pluralidad democrática, deben analizarse siempre los convenientes e inconvenientes a profundidad”.

Los ex presidentes de México Vicente Fox y Ernesto Zedillo también se han manifestado por la legalización.

El primero propuso legalizar la venta, producción y distribución, a cambio de gravar la venta con “altísimas tasas impositivas” como sucede con el tabaco y utilizar los impuestos para “atacar la adicción”.

El martes 10 de agosto los partidos se reunieron con el Presidente, quien dijo que si la medida no se aplica en Estados Unidos no tendría sentido en México, ya que no mermaría las finanzas de los cárteles.

El PRD y el Partido Verde se manifestaron a favor, mientras que el PAN lo hizo en contra. El PRI se limitó a decir que el tema “es un instrumento de polarización”.

Cuadro de situación. Es un tema que está a nivel de debate. El simple hecho de discutir un asunto que ha sido tabú en México es de por sí un buen paso. Sin embargo, aunque todos los partidos —e incluso la Iglesia—saludan discutir el tema, votar para que se haga realidad es distinto, sólo el PRD y el PVEM se ha pronunciado a favor en tal sentido.

Agresión a periodistas

Hablar de 63 reporteros muertos y 12 desaparecidos en un país que no está en guerra no deja dudas: el periodismo en México es un oficio peligroso. Expertos lamentan que las agresiones vengan de dos frentes: del crimen organizado, que secuestra, asesina y amenaza a los comunicadores, y de las mismas autoridades, que en su intento por ocultar información recurre a la presión hacia el medio.

La poca información también es otra asignatura pendiente.
En el “Diálogo por la Seguridad”, Aguilar Camín le cuestionó al Presidente la poca voluntad para informar.

“La guerra de la estrategia informativa respecto de la lucha contra el narco, ésa sí que está perdida”. Consideró que se pierde más cada día porque hay una gigantesca confusión donde lo único que sobresale son los cadáveres.

La violencia hacia el gremio provocó un hecho inédito: el sábado 8 de agosto periodistas de 12 ciudades del país y de distintos medios informativos marcharon silenciosamente para exigir más protección. La campaña que se denominó “Los queremos vivos” surgió tras el secuestro de cuatro reporteros, que fueron puestos en libertad tras las presiones a nivel nacional.

Cuadro de situación.- El diagnóstico no puede ser distinto, si diferentes organizaciones de derechos humanos en el mundo consideran que México es el lugar más peligroso para ejercer el oficio. En este ítem hay atraso.

Presencia del Ejército en las calles

Felipe Calderón no cumplía un mes en la Presidencia cuando lanzó la ofensiva más ambiciosa contra el crimen organizado: desplegó en distintos estados al Ejército para que combata al crimen organizado.

Michoacán, Ciudad Juárez, Tijuana, Sinaloa y Tamaulipas fueron entidades en las que los efectivos militares se desplegaron.

Expertos advirtieron que las Fuerzas federales no estaban capacitadas para patrullar en ciudades, por lo que temieron abusos.

Las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dispararon al grado de ser la institución con más recomendaciones.
El Presidente advirtió desde que anunció su estrategia que la lucha no sería fácil y que habrías muertos de ambos lados.

El Ejército se defendió afirmando que muchas de las quejas provenían de narcotraficantes o de sus familiares.

El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, reconoció que la guerra contra los cárteles había desgastando a la institución, por lo que pidió a los legisladores reformar la Ley de Seguridad Nacional para “blindar” jurídicamente la participación militar en el combate a las organizaciones criminales.

En abril, los legisladores estuvieron de acuerdo en que el Ejército continuara al frente de la lucha contra los cárteles y Galván anunció que estarían 10 años más en las calles, siempre y cuando el nuevo presidente no decida otra cosa.

Cuadro de situación.- Hoy por hoy el Ejército es la institución más confiable de todas las encargadas de brindar seguridad. Aunque ya han dado pasos importantes como informar en su página de internet sobre el estado de las quejas o las reuniones con organismos internacionales de derechos humanos, los militares siguen renuentes a que quienes cometan algún delito sean juzgados en tribunales civiles.

Bajos salarios a policías

La Policía municipal es la institución más propensa a ser seducida por el crimen organizado, y en gran parte se debe a los bajos sueldos de los uniformados.

De acuerdo con el columnista Raymundo Riva Palacio, tres de cada cinco policías municipales en el país viven con menos de cuatro mil pesos al mes, lo que los hace caldo de cultivo de los cárteles de la droga.

Cifras oficiales revelan que 20% de los 165 mil policías municipales que hay en todo el país, reciben un salario de menos de mil pesos mensuales, mientras 40% oscila entre los mil y los cuatro mil pesos. Además 38% gana entre cuatro y 10 mil pesos mensuales y sólo .7% percibe un salario mayor a los 10 mil pesos.

Por si no fuera poco la Policía es una de las peores evaluadas en la última encuesta de Consulta Mitofsky sobre confianza en las instituciones publicada en febrero pasado, sólo los diputados y los partidos políticos tienen peor calificación. Por ello el Presidente insiste en una Policía única, que acabe con la corrupción dentro de las corporaciones municipales.

Cuadro de situación. Es un eslabón débil en la cadena del combate al crimen. Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no alcanzan. En muchas alcaldías se les prometen becas a los hijos de policías para incentivarlos a cumplir su deber, e incluso en Coahuila y Torreón se les ofrece casa a los nuevos uniformados, pero son esfuerzos aislados.

Extinción de dominio

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, puso el dedo en la llaga al criticar al Gobierno federal por no implementar las reformas de seguridad aprobadas por el Congreso de la Unión, especialmente la extinción de dominio.
“Reformas como la extinción de dominio y otras para combatir el lavado de dinero, pero en ninguno de ambos casos vemos que se ejecuten las cosas adecuadamente ni que se utilice la ley”.

Apenas en junio, la PGR obtuvo el primer fallo favorable en un juicio de extinción de dominio contra un grupo de narcotraficantes, quitándole la posesión de una casa ubicada en el Norte de la capital que era utilizada para cometer acciones ilícitas.

En julio, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo,  afirmó que la dependencia realiza investigaciones sobre empresas presuntamente vinculadas con el “lavado de dinero”, aunque evitó dar detalles.

Para el senador panista Gustavo Madero, para hacer frente al “lavado” de dinero se debe revisar o concretar reformas como la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Banco de México, la de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Cuadro de situación.- Tener las herramientas jurídicas y no aplicarlas es como no tenerlas. Además, tomando en cuenta las propiedades, autos y armas que utiliza el crimen organizado, aplicar la ley significaría un duro golpe a las narcofinanzas.