La SCJN admite amenazas por crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (05/NOV/2012).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reconoció que la violencia asociada al crimen organizado ha obligado a reforzar la seguridad de muchos juzgadores federales, que enfrentan riesgos y amenazas en el desempeño de su trabajo.

En conferencia de prensa, la primera desde que asumió el cargo, Silva Meza explicó que en varias zonas del país se han tenido que brindar vehículos blindados y escoltas de la Policía Federal a los juzgadores, e incluso recurrir al apoyo del Ejército.

"En los últimos 10 años los jueces no tuvieron más protección que la de su ángel de la guarda, pero ahora ya no es suficiente", dijo, y refirió el caso de un juez que tuvo que emitir una resolución escoltado por personal del Ejército, después de haber sido "levantado" la noche anterior.

El juzgador decidió emitir su fallo, que era un auto de término constitucional, e inmediatamente después fue cambiado de adscripción, explicó Silva Meza, quien precisó que se tienen identificadas las zonas de riesgo para el trabajo jurisdiccional, y que en función de esos mapas se han tomado decisiones para fortalecer la seguridad de los juzgadores.

"Tenemos jueces muy, muy valientes, tenemos muchos casos donde han enfrentado situaciones muy difíciles y las siguen enfrentando (…) sí hay amenazas, aunque no es muy frecuente que pasen al cumplimiento", sostuvo.

Pese a esta situación, dijo, son los propios juzgadores quienes tratan de preservar la autonomía e independencia judicial, "pues es una cuestión de vocación".

Silva Meza reconoció, sin embargo, la existencia de casos que se apartan de esos principios, y que la Judicatura tiene en curso investigaciones internas a integrantes del Poder Judicial de la Federación "no necesariamente relacionadas con el crimen organizado, sino con patrones de comportamiento en el tema disciplinario".

En el caso del juez del llamado "michoacanazo", quien fue recientemente destituido de su cargo, recordó que a la Judicatura le corresponde únicamente el aspecto disciplinario, luego de verificar la veracidad y la suficiencia probatoria de las acusaciones que se presentan en contra de los juzgadores.

La persecución de los delitos, agregó, le corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR), y recordó que en este caso existen dos averiguaciones previas abiertas por la probable comisión de delitos.