La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que el acoso judicial se ha convertido en un mecanismo de censura en México, usado por gobernadores, legisladores y funcionarios para inhibir la crítica periodística. Casos recientes en Campeche, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas afectaron tanto a medios consolidados como a ciudadanos activos en redes sociales.El informe presentado durante la 81 Asamblea General de la SIP detalla que se han utilizado figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para presionar a periodistas. Entre los casos más destacados están la sanción a Héctor de Mauleón y El Universal por denuncias de la ex consejera jurídica de Tamaulipas, Tania Contreras López, y la imposición de multas y censura a Jorge Luis González Valdez en Campeche. Asimismo, se documentaron sanciones a ciudadanos por comentarios en redes sociales, como el caso de Karla María Estrella, quien fue multada y obligada a ofrecer disculpas públicas por un tuit sobre nepotismo. Otros medios, como el diario Vanguardia de Saltillo, enfrentaron litigios mercantiles que derivaron en embargos y hostigamiento judicial.El informe también señala que reformas legales en Puebla, como la introducción del delito de “ciberasedio”, podrían limitar la labor periodística al sancionar contenidos digitales que afecten emocionalmente a terceros, incluso cuando la intención sea informar. La SIP destacó que la oficina de Transparencia para el Pueblo desechó 99.6% de las solicitudes de información. CT
