La CNDH pide investigar a autodefensas en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (12/NOV/2015).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH), Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a investigar el origen de las armas y el financiamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán; así como la posible infiltración del crimen organizado en la Fuerza Rural Estatal, conformada por grupos de autodefensa.

Al presentar el "Informe Especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto", el organismo señaló que derivado del deficiente ejercicio de las funciones de las autoridades estatales y municipales para combatir el crimen organizado en Michoacán, hubo violaciones a los derechos humanos de los michoacanos a la seguridad, la paz pública, a la vida, la libertad, al trato digno y al acceso a la justicia.

De 77 municipios visitados, la CNDH identificó que en 33 hay presencia de grupos de autodefensa.

Luis Raúl González Pérez indicó que la fórmula para la recuperación social y jurídica no puede pasar por la violencia ni permitir a personas civiles actuar armadas.

"El Estado no puede ceder a negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene frente a todos los gobernados", enfatizó.

Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH, comentó que el deficiente sistema de seguridad pública estatal y municipal, así como de procuración de justicia generó espacios de impunidad.

"En Michoacán existen problemas estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que han generado comunidades vulnerables a la delincuencia organizada", señaló.

Explicó que de acuerdo con los testimonios recabados por los pobladores, la organización criminal “Los Caballeros Templarios” extorsionó, abusaron sexualmente de las mujeres, utilizaban a menores de edad para la vigilancia, mensajería y patrullaje.

En el informe se plantean 55 propuestas dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad, al gobierno de Michoacán y al Congreso local, a los ayuntamientos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).