Admiten lentitud para garantizar la libertad de prensa en el país

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUL/2012).- El narcotráfico y el crimen organizado mantienen, mediante amenazas y presiones, el control de algunos periodistas y medios de comunicación, advirtió la fiscal especial defensora de la libertad de expresión en el país, Laura Angélica Borbolla Moreno.

“Nos hemos encontrado con conductas que se derivan con alguna relación o vínculo con la delincuencia organizada”, ya sea porque “publicaron algo o porque no publicaron algo”, aseguró la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR).

La titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), quien compareció ante una comisión del Congreso, comentó que de igual manera las agresiones a instalaciones tienen como objetivo generar cierto temor y amedrentar a los medios para que publiquen o dejen de publicar.

Ante legisladores, reconoció que han sido lentos los esfuerzos para garantizar las libertades públicas de los periodistas al argumentar que tras una reciente ley constitucional ahora la responsabilidad “involucra a todos los órdenes de Gobierno”.

“El ejercicio de la libertad de expresión constituye una conquista fundamental en la construcción de una sociedad democrática, por lo que debe y es nuestra obligación garantizar su plena observancia a través de fortalecimiento de las instituciones”.

El Gobierno de México promulgó a finales del mes pasado dos decretos para brindar “atención inmediata” y mejorar así la protección a los periodistas en el país, en contra de los cuales se ha intensificado la violencia en los últimos años.

De acuerdo a la reforma constitucional, a partir de ahora la Justicia federal se encarga de los delitos contra la libertad de expresión y otros que afecten el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta.

Numeralia
Sector afectado

67 periodistas han sido asesinados desde 2006 a la fecha.

14 están reportados como desaparecidos.

31 averiguaciones previas se consignaron de septiembre de 2010 a julio de 2012.

74 personas fueron procesadas por abuso de autoridad, amenazas, lesiones calificadas y tentativa de homicidio contra los informantes.

114 medidas cautelares ha ordenado la Fiscalía a favor de periodistas, familiares y medios de comunicación, para evitar que se consumen los hechos denunciados o daños de imposible reparación.