Zapopan tendrá su Consejo para castigar servidores públicos

ZAPOPAN, JALISCO.- El Ayuntamiento de Zapopan está estudiando la creación del Consejo Municipal de Derechos Humanos y Responsabilidades Administrativas, que fungiría como un órgano disciplinario, investigador y sancionador de los servidores públicos, con independencia técnica y política de la administración central.

Aunque con innovaciones, su modelo es el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas del Ayuntamiento de Querétaro, un municipio considerado a la vanguardia en esta materia al contar con una instancia dedicada completamente a la aplicación de su Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatal.

El Consejo Municipal en Zapopan recogería las quejas de la ciudadanía contra los servidores públicos del Ayuntamiento que hayan cometido violaciones en materia de derechos humanos, actos de corrupción u omisiones causantes de algún perjuicio, para su investigación a través del desahogo de procedimientos de responsabilidad administrativa.

Esta iniciativa, signada por el titular de la Sindicatura, Ricardo Anguiano Apodaca, enfatiza la necesidad de contar con un órgano autónomo para la investigación y sanción de las actuaciones de los servidores públicos, pues se reconoce la dependencia estructural que presentan la Sindicatura y la Contraloría con los grupos políticos que llegan a encabezar la administración municipal, por lo que está el riesgo de que actúen como juez y parte.

En estos momentos es la Sindicatura la que desahoga los procedimientos de responsabilidad y los pone a punto de resolución para su aprobación por parte del presidente municipal; la Contraloría, por su parte, realiza auditorías sin facultades de coacción y centra sus actividades en la revisión de la comprobación de gastos y los pagos emitidos en rubros como la obra pública. El titular de la primera forma parte de la planilla de ediles del alcalde, y para el titular de la segunda no hay un mecanismo de elección que garantice su independencia.  

Al ser actualmente la Contraloría una instancia dependiente de la Comisión de Hacienda y no una dependencia como tal, la propuesta contempla formalizar este hecho transformándola en el Órgano Técnico de ese cuerpo colegiado.

El Consejo estaría compuesto por tres consejeros que serán designados por el pleno del Ayuntamiento con mayoría absoluta de sus integrantes, deberán ser abogados y no pertenecer a ningún partido político, ocuparán su cargo por cuatro años para que así no coincidan con los periodos municipales y tengan mayor independencia en sus determinaciones, con la posibilidad de una reelección.

Reformas legales

Para el funcionamiento cabal del Consejo Municipal se requiere una reforma muy puntual a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que sería solicitada al Congreso estatal, pues en ella se establece que sólo los titulares de las entidades públicas pueden aplicar las sanciones ante una falta.

Por ello, en el artículo 66 de la ley se propone agregar que las sanciones pueden ser impuestas “por el órgano o autoridad que se designe en la ley o reglamento que regule la vida interna de la entidad pública que se trate”, lo que permitiría otorgarle esas facultades al Consejo.

Respecto al pleno del Ayuntamiento, el contralor Jorge Sandoval ha señalado que si bien el Consejo no podría imponerles sanciones a los ediles, sí estará en condición de integrar investigaciones “para que en el Congreso del Estado sean los que puedan integrarlo dentro de un proceso de juicio político”.

Ficha técnica

Atribuciones del Consejo

Proporcionar la orientación y asesoría necesaria a los ciudadanos que deseen denunciar.

Recibir las quejas o denuncias presentadas por los ciudadanos por supuestas violaciones o vulneraciones a sus derechos humanos o por las acciones y omisiones que en el ejercicio indebido de sus funciones haya originado algún servidor público del Ayuntamiento.

Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en el ámbito de su competencia y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan.

Denunciar o turnar los hechos constitutivos de responsabilidad penal, política o de derechos humanos a nivel estatal ante la autoridad competente.