GUADALAJARA, JALISCO (01/MAY/2017).- Tras la aprobación de la reforma para poner orden a la cobranza extrajudicial, que es utilizada por despachos para hacer cobros a las personas que tienen adeudo con algún banco o empresa, las personas ya pueden hacer denuncias ante la Procuraduría General de la República, para impedir estos actos intimidatorios, informó el senador priista por Jalisco, Jesús Casillas Romero. "Es presentar una denuncia ante la PGR, el agente del Ministerio Público (MP) federal integrará una carpeta de investigación, y la investigación la realizará precisamente el MP, ya sea a través de llamadas, de las personas que se presentan en los domicilios o a través de documentos que se envíen a los domicilios". En entrevista posterior a la celebración del Día del Trabajo, advirtió que gracias a esta reforma al articulo 284 Bis del Código Penal Federal, estos despachos que compran las carteras vencidas a las instituciones bancarias u negocios, realizan llamadas a deshoras o se mueven con presión y amenazas contra las deudores, pueden hacerse acreedores a sanciones económicas y hasta años de cárcel. "La primera sanción es de dos a cuatro años de prisión y una multa de 50 a 300 mil pesos; si quien realice esta actividad utiliza papelería, sellos que aparentan ser oficiales cuando no lo son, la pena se duplica a seis años; si además se ostentan como funcionario judicial o como profesionista y no lo es, la pena se va a 12 años y la multa sigue igual". La Ley de Transparencia y Ordenamiento en los Servicios Financieros, en su artículo 17, marca que los métodos de cobranza deben de ser en horarios prudentes, de las 07:00 a las 21:00 horas, y se pueden enviar avisos a los domicilios de los deudores, todo con respeto y en búsqueda de la conciliación entre la persona y la empresa con la que se tiene la deuda. El senador indicó que a nivel nacional son más de cinco millones de personas las que tienen algún atraso en sus pagos, de acuerdo a información del Buró de Crédito, por lo que mucha gente es molestada por estos despachos. EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR