Urge el Ejecutivo a la aprobación de iniciativas en materia de seguridad

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2010).- El pasado 23 de marzo de 2009 el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, envió al Poder Legislativo un paquete de 15 iniciativas en materia de seguridad e impartición de justicia; a la fecha no hay avance por parte de los diputados para su aprobación, situación que fue criticada por el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

El funcionario estatal pidió a los legisladores que dejen atrás “acuerdos, pactos y convenios, y aprueben las iniciativas pendientes enviadas por el Gobierno estatal”.

Criticó la aprobación en el pleno del Congreso, el pasado 29 de julio, cuando a petición de la fracción parlamentaria de Acción Nacional los diputados votaron a favor de que en Jalisco se cuente con “un gran pacto por la seguridad y el empleo”.

Esta iniciativa pretende crear una agenda común entre los tres poderes de Gobierno —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para establecer criterios para combatir la corrupción, castigar a servidores públicos coludidos con la delincuencia y fortalecer a las corporaciones policiacas en la seguridad. Otros temas que se prevé sean abordados en esta agenda común son el empleo y la gobernabilidad.

En este sentido, el secretario recordó que varios de estos temas están contenidos en la iniciativa enviada desde hace más de un año al Poder Legislativo, y que sigue “en la congeladora”.

“Están presentando un cuerdo en materia seguridad y empleo, un gran pacto; sin embargo, tenemos temas pendientes, como el control de confianza o la extinción del dominio; más allá de acuerdos requerimos el compromiso de todos para avanzar. No podemos seguir hablando de acuerdos, pactos y convenios, esperando declaraciones, protestas, cuando tenemos iniciativas que están ahí y que pueden fortalecer el tema de la seguridad”, dijo el secretario.

Análisis

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, Luis Armando Córdova Díaz, afirmó que trabajan en el análisis del paquete de iniciativas, y que el primer paso fue concentrarlas en las comisiones de Justicia, Readaptación Social o Puntos Constitucionales, “porque estaban turnadas a comisiones que no tenían que ver en el tema”. El legislador confió que en octubre puedan estar dictaminadas.

“Estas iniciativas han sido tomadas con una gran responsabilidad al seno de la Comisión de Justicia; estamos en
la revisión final. Confiamos en que este trabajo pueda tener un fin próximo a más tardar en octubre”.

El priista consideró que “el hecho de legislar en esta materia no cambiará el panorama actual en materia de seguridad”; no obstante, aseveró que es una herramienta necesaria e indispensable para que Jalisco cuente con una estrategia de coordinación para tener herramientas que abatan el crimen organizado.

El Poder Ejecutivo turnó al Congreso del Estado, el pasado 23 de marzo, un paquete de 15 iniciativas que crea leyes y reforma o deroga algunas existentes.

Entre los puntos más importantes está la creación de la Ley de Extinción de Dominio, la profesionalización  del trabajo de los policías investigadores y la aplicación de juicios orales.

Iniciativas del Poder Ejecutivo

• Reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco
• Modifica la atribución del Ministerio Público para certificar documentos que obren en su poder, ello porque desaparece la figura del secretario y de los testigos de asistencia como fedatarios.
• Obliga a los auxiliares del Ministerio Público a modificar sus conductas al momento del arribo al lugar del crimen, preservarlo a fin de contar con elementos para la investigación de delito.
• Determina que los servidores públicos de procuración de justicia, como los policías investigadores y ministerios públicos, deben contar como mínimo con estudios de nivel superior, para ello, esta nueva ley da como plazo cuatro años para que quienes no cuenten con este nivel de estudios muestren su título respectivo.
• Los servidores públicos de la Procuraduría Estatal deben someterse a controles de confianza; quienes se nieguen a estos exámenes podrán ser dados de baja.
• En el tema de obligaciones, estas modificaciones establecen la aplicación de correctivos a los agentes, en caso de que incumplan con un adecuado desempeño. Estas sanciones irían desde arresto, retención en el servicio y la privación de permisos de salida. También prevé instauración de procesos administrativos o, en su defecto, penales; dependerá de la falta cometida.

• También se prevé que en la Procuraduría se creé una Unidad Especializada en la Extinción de Dominio.

 
Crea la Ley de Extinción de Dominio de Bienes para Jalisco

A nivel federal esta ley se publicó en junio de 2008; Jalisco requiere adecuaciones en su norma local. Al respecto, el Gobierno estatal expone que esta norma permitirá al Estado la aplicación a su favor de bienes que se pueda acreditar son instrumento o producto de los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, lenocinio, corrupción de menores, prostitución infantil o delitos contra la salud –narcomenudeo–, una vez que sea competencia estatal.

La Secretaría de Finanzas será la encargada de la administración y conservación de los bienes embargados, éstos se aplicarán para fines de inversión social, seguridad pública y lucha contra las adicciones
 

• Modificaciones al Código de Procedimientos Civiles
• Cambios al Artículo 953 bis, para que entre en vigor la Ley de Extinción de Dominio de Bienes.
• Crea el Código de Procedimientos Penales de Jalisco
• De las 15 iniciativas presentadas por el gobernador, ésta es la más nutrida. Incluye 383 artículos y es trascendente, pues se exponen los lineamientos para aplicar los juicios orales. De acuerdo con el Poder Ejecutivo, esto “modernizaría el sistema de justicia en Jalisco”.
• Otra de las novedades en este Código es que establece expresamente el principio de presunción de inocencia, lo que implicaría que el sistema de investigación no requeriría detener a los ciudadanos para realizar pesquisas.
• En el caso del arraigo, establece que sólo procederá en los casos de delincuencia organizada, mientras que la prisión preventiva se limitará a delitos como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con armas y explosivos.
• El aseguramiento de la escena del crimen y la recolección inmediata de los primeros indicios ahora estarían incluidos en el Código Penal.

 
Crea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

• Ya no se impondrá prisión a las personas durante el periodo de investigación.
• Crea el Tribunal de Ejecución, que es un órgano colegiado que garantizará el respecto a los derechos de los indicados o, en su defecto, procesados.
• Se hace énfasis en la atención de la salud para la reinserción de los reclusos y se da un tratamiento individualizado de carácter progresivo y técnico de los mismos.
• Se crea la figura de libertad anticipada, con la finalidad de estimular en los sentenciados su participación en el tratamiento científico para alcanzar su reinserción social.

 
Reforma a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos

• En su exposición de motivos para reformar esta ley, el gobernador del Estado expone que es necesario realizar cambios en esta norma en particular para “lograr desmembrar a las instituciones públicas de personal no apto o que no cumple con las características requeridas para su cargo, por eso los elementos de la seguridad pública que no sean aptos en los procesos de evaluación deberán de ser dados de baja”.
• Por ello, se proponen cambios en el Artículo 7 de esta ley, para establecer como causal de responsabilidad la negativa sin causa justificada de presentar exámenes y evaluaciones de control de confianza y desempeño.

 
Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

• En su exposición de motivos, dice el mandatario estatal: “La sociedad jalisciense percibe que la lentitud, inequidad, corrupción e impunidad son el denominador común cuando de seguridad pública se trata, lo que genera desconfianza en las instituciones”.
• Crea un Centro Estatal de Control de Confianza para el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, para realizar exámenes y evaluación a todos sus integrantes.
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Reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco (son dos iniciativas)

• Modifica el Artículo 72, y establece que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ya no revisará las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial, Instituto Electoral, agentes del Ministerio Público y elementos de Seguridad Pública.

 
Creación de la Ley de Control de Confianza de Jalisco

• Pretende crear la profesionalización de los miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Crea el Centro Estatal de Control de Confianza.
• Se realizarán exámenes patrimoniales, de entorno social, psicométrico, psicológico, toxicológico, de polígrafo y demás que se consideren necesarios a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las corporaciones policiacas de los municipios.

 
Adiciona un capítulo a la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado

• Este capítulo se denomina: Aplicación de correctivos disciplinarios de la policía investigadora. Deberán cumplir con una serie de disposiciones, entre ellas preservar el secreto de los asuntos que, por razón del desempeño de sus funciones, conozcan, abstenerse de auxiliarse por personas no autorizadas por la Ley y abstenerse a abandonar sus funciones sin  causa justificada; si faltan a alguna de sus obligaciones, podrían hacerse acreedores a correctivos que irían desde arresto, retención en el servicio y privación de permisos de salida.
• El arresto “es la internación del agente por no más de 36 horas en un lugar destinado”, se lee en el Artículo 43.
• No se descarta que los elementos de la Procuraduría pudieran hacerse, además, acreedores a sanciones administrativas o penales por faltar a sus obligaciones.

 
Reformas a la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Propone cambios para establecer la actividad de los encargados de la práctica y emisión de dictamines periciales. Establece la manera de investigar, asegurar la escena del crimen y la manera de hacer la recolección inmediata de los primeros indicios.
 
Crea la Ley de Sistema de Seguridad Pública

Establece la carrera policial como obligatoria y permanente. Crea el sistema complementario de seguridad social y reconocimientos que pueden obtener los elementos de los cuerpos de seguridad pública, como: el valor profesional, el servicio y perseverancia, que deberán ser valorados por su superior jerárquico.
 
Reformas a la Ley de Justicia Administrativa

Los funcionarios públicos del Ministerio Público o de elementos policiacos, una vez que fueron sometidos a un proceso administrativo y determinaron que no son aptos para el cargo, no podrán ser reinstalados en sus puestos, aún si una autoridad administrativa lo determina así. En caso de que ello ocurra, el Estado estará obligado a pagar sólo una indemnización de hasta tres meses.
 
Reformas al Código Penal

Deroga artículos y adecua otros para aplicar las otras reformas propuestas para evitar contraposición de las normas.

TELÓN DE FONDO

Necesarias, medidas para reducir sobrepoblación penitenciaria

La creación del Instituto de Justicia Alternativa, la aplicación de los juicios orales y la implementación de dispositivos electrónicos en infractores que cometieron delitos “no graves”, son urgentes para contrarrestar la sobrepoblación penitenciaria que impera en Jalisco (74.4%), y que lo ubica como el cuarto Estado a nivel nacional con esta problemática.

El pasado 2 de agosto, este medio publicó que actualmente la manutención de cada uno de los 16 mil presos en Jalisco le cuesta al Estado 167 pesos diarios,  lo cual asciende a cinco mil 010 pesos mensuales por cada uno.

Según Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República (1982-1988) y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta saturación en las cárceles estatales se ve reflejada en violaciones a la integridad física, psicológica, privación de justicia y seguridad, además de los problemas en la alimentación, convivencia familiar e interacción con abogados.

Por ello, el presidente de la Comisión de Prevención y Readaptación del Congreso local, diputado Miguel Monraz Ibarra, enfatiza que la incorporación del Instituto de Justicia Alternativa, los juicios orales, así como el uso de brazaletes electrónicos para el cumplimiento de penas fuera de prisión con actividades comunitarias, son algunas de las propuestas que estudian para abatir la sobrepoblación penitenciaria.

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