Suspensión de motel no es por firmas falsas: Sindicatura

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2013).- La suspensión de la construcción del motel de la colonia San Miguel de Mezquitán en Guadalajara, que decretó su Ayuntamiento, no se motiva en las irregularidades que se han señalado sobre su autorización, como una supuesta falsificación de firmas, sino en un procedimiento administrativo distinto.
 
Así lo explicó el titular de la Sindicatura de Guadalajara, Luis Ernesto Salomón Delgado, quien clarificó que un vecino del sitio acudió ante la autoridad municipal para argumentar que la obra está generando una violación a sus derechos, y de ahí se desprende la intervención del Ayuntamiento:
 
"No se trata de eso (de la falsificación), sino de una afectación al derecho del particular, el particular se duele de que se le afecta un derecho y la autoridad municipal decide suspender la obra en función de la defensa de derecho del ciudadano que recurrió a ese procedimiento. No quisiera yo entrar en detalles técnicos, (fueron) afectaciones al ámbito de sus derechos personales".
 
La licencia de construcción del motel proviene de un recurso de revisión autorizado por el Ayuntamiento tapatío en 2008. Es decir, como el plan parcial de desarrollo no contempla ahí ese tipo de actividad, al desarrollador se le permitió en un segundo paso, dentro del comité que revisa estas inconformidades -y que sigue operando hoy en día-.
 
Sin embargo, tanto el entonces director de Obras Públicas, Ricardo Oliveras Ureña, como  José Juan Carlos Ulloa Sánchez, quien fuera secretario particular del ex alcalde, Alfonso Petersen Farah, han desconocido sus firmas en esa resolución -el primero, incluso, asegurando que la votación del caso se dio de manera desfavorable para el proyecto-.
 
El 11 de junio pasado, Salomón Delgado, a cargo del Ayuntamiento ante una ausencia del presidente, Ramiro Hernández García, instruyó a la Secretaría de Contraloría Municipal y a la Oficina de Combate a la Corrupción a que indagaran y esclarecieran la validez de las firmas. Ahora el síndico informa que aún no hay una determinación al respecto de parte de estas dependencias.
 
"No tenemos suficientes elementos, no quisiera adelantarme porque sería irresponsable pre-calificar un asunto tan delicado y con las imputaciones tan graves que se están haciendo, queremos actuar como debe ser, con toda responsabilidad, y vamos a actuar en su momento como lo hemos hecho en este caso, tomando las acciones como debe de ser".
 
Como se ve, el síndico no fue más preciso sobre el tipo de procedimiento que desahoga, o en qué legislación lo están sustentando. "Se duele (el ciudadano) de que la obra le afecta el ámbito de sus derechos y recurre a un procedimiento administrativo previsto en las normas ante la autoridad municipal, que al recibir el procedimiento, al admitirlo a trámite, decide tomar la medida de suspender la obra en tanto se resuelve".
 
Y qué pasaría si dentro de este procedimiento administrativo la autoridad municipal concluye que, efectivamente, el motel sí trae una violación a los derechos del ciudadano, así contestó el abogado:
 
"Habría una resolución que dijera que se afectan esos derechos, y se tomarán las medidas en su caso; como digo, hay también otro particular afectado (el promotor del motel) que alegará y, aparte, todo eso tiene otras instancias a donde puede derivar el procedimiento", por el momento, sin embargo, no hay un juicio de amparo de ninguna de las partes en conflicto.
 
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA