Retiran sellos de suspensión de obras en Motel de Mezquitán

GUADALAJARA, JALISCO (22/JULIO/2014).- Otra vez el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) hizo de las suyas. El martes pasado mandó a un actuario a retirar los sellos que mantienen suspendida la construcción de un Motel en la colonia San Miguel de Mezquitán. Y lo hizo sin avisarle al Ayuntamiento, por lo que los regidores panistas,  Mario Salazar Madera y Maribel Alferian, creen que se extralimitó en sus funciones.

De acuerdo con las versiones de los vecinos y los representantes populares, la empresa constructora presentó un recurso ante un Tribunal Colegiado, que jerárquicamente está por encima de un Tribunal de Distrito. En esa instancia superior, ambas del Gobierno federal,  se determinó retirar la suspensión que habían conseguido los vecinos a principios de año. Pero como no tiene jurisdicción en el ámbito estatal, los tribunales federales pidieron al TAE que enviara a personal a retirar los sellos.

"Vamos a ver cuáles son los argumentos, y en base a ello, vamos a ver la posibilidad de poder tener un dialogo con el magistrado (del TAE), pedirle que en dado caso, se revise el juicio de lesividad que interpuso el ayuntamiento, que sea atendido lo más pronto posible".

Acreditan fallas, las catalogan como leves

Desde el 3 de abril, el pleno del Ayuntamiento tapatío pidió que además de iniciar un proceso para retirar las licencias de construcción del Motel, conocido como juicio de lesividad; también instruyó a la Contraloría municipal a llevar a cabo una investigación sobre los permisos que se otorgaron originalmente para que se construyera un motel en una zona habitacional que no contaba con los usos de suelos adecuados.

El resultado de dicha investigación acredita que hay irregularidades en el Dictamen  de Trazo, Usos y Destinos Específicos 039/Z1/E-2008/4875 y en la Licencia Mayor de Construcción con el número de identificación M-0077-2010; documentos que son indispensables para que la empresa pudiera realizar sus obras.

Sin embargo, la conclusión a la que llega la Contraloría es salvar a los funcionarios municipales inmiscuidos en los errores que se presentaron en las anteriores dos administraciones. En caso de que el juicio cause estado y se acrediten las fallas administrativas, "estas irregularidades encuadrarían en la responsabilidad leve y no estimable en dinero, por ende, la facultad para exigir esas responsabilidades administrativas prescribirían en seis meses, a partir de la fecha en que se hubiera incurrido en responsabilidad".


EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA