Proponen reforma para impedir abusos de burócratas

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2013).- El diputado del PRI, Juan Manuel Alatorre Franco, presentó una iniciativa que reforma diversos artículos a la Ley de Servidores Públicos del Estado con el propósito de evitar que dependencias estatales y municipales vean afectadas sus finanzas con juicios laborales originados por demandas de empleados de confianza que se niegan a dejar el cargo, una vez concluida la administración en la que fueron contratados.

El legislador tricolor presentó ante el pleno del Congreso una reforma legal que plantea mejorar el procedimiento de los juicios ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

“Buscamos establecer un acuerdo de admisión de la audiencia conciliatoria, que deberá celebrarlo dentro de los 15 días siguientes de la recepción de la demanda, con lo cual se agiliza el emplazamiento”, explicó el legislador del PRI.

Alatorre Franco expuso que actualmente en Jalisco existen 12 mil 500 juicios laborales en proceso y que la gran mayoría se resolverán a favor de los demandantes. Agregó que la iniciativa no violenta garantías constitucionales, pues el cambio al Artículo 3 define que los empleados de confianza son aquellos a quienes “se les confiere poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel de directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento”.

En tanto que el Artículo 22 de la ley que pretende reformar señalaría que para un servidor público de confianza la relación laboral termina cuando concluya el periodo por el cual fue designado, en tanto que el 78 establece que el nombramiento de los empleados de esa clasificación surte efecto legal durante el periodo constitucional para el que se les designó.

El diputado expuso que la intención es dar certidumbre a las finanzas de las diferentes dependencias al evitar desfalcos de servidores públicos que pretenden aferrarse al cargo que ostentan, y que luego de un proceso legal, les sean pagados laudos millonarios.

EL DATO
Acumulan juicios laborales

El Gobierno estatal y los 125 municipios en la Entidad enfrentan alrededor de 12 mil 500 juicios laborales vigentes en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, lo que podría impactar sus finanzas por un monto de mil millones de pesos, según informó el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora.