''Premios'' fiscales mandan mensaje de impunidad

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2013).- La posibilidad de condonar el pago de adeudos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a entidades gubernamentales como congreso y gobiernos estatales o ayuntamientos fue determinada por los legisladores federales, que así lo establecieron en la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, como una alternativa a la mano de cualquier instancia de gobierno interesada en el país y sin importar de qué partido político emane.

No obstante, esta excepción a la regla en la Ley de Ingresos federal puede ser vista igualmente como una defraudación con implicaciones penales, cuando se lleva a la práctica según lo previsto por el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación: que las instancias de gobierno retengan los recursos a sus empleados y, en lugar de reportar el dinero al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo empleen para otros fines.

De acuerdo con el especialista Horacio González Vázquez, presidente de la Academia de Derecho Fiscal de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, esta incongruencia es un síntoma de acuerdos políticos que rebasan el Estado de derecho mexicano: “Se realizan acuerdos para vulnerar el contenido de disposiciones jurídicas. Es cierto que en el país hay un gran problema de liquidez tanto en personas de derecho privado como en las personas de derecho público (los gobiernos), pero esa falta de liquidez desde luego que no justifica que aquellas cantidades que ellos ya les retuvieron a sus empleados, se las queden, y no las enteren a la Federación, porque es realmente una conducta indeseable”.

Instituciones gubernamentales de Jalisco como los ayuntamientos de Guadalajara y de Tonalá, el Congreso del Estado y algunas entidades del Poder Ejecutivo del Estado se han visto beneficiadas con condonaciones de este tipo: retuvieron recursos por el ISR a sus empleados pero, en lugar de reportarlos al SAT, dispusieron de ellos. En el caso de Guadalajara, por ejemplo, el alcalde Ramiro Hernández ha reconocido que ese dinero fue empleado para pagar pasivos del municipio.

De acuerdo con el fiscalista Horacio González, esta práctica “es una de las conductas más anómalas tratándose del cumplimiento de obligaciones fiscales y que por eso está sancionada desde el punto de vista penal. Es una conducta punible y tipificada como delito. Esos acuerdos políticos posibilitan que esas conductas infrinjan el contenido de las normas”.

El Código Fiscal federal establece que este conducta se sanciona “con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de dos millones 054 mil 890 pesos”.

Dinero del fisco, no del empleado… ni de su jefe

A los servidores públicos se les estuvo haciendo la retención de una parte de su salario devengado para el pago del ISR. La autoridad se gasta ese recurso en otro fin, pero el adeudo que generó se perdona por el SAT. ¿Tiene derecho el trabajador a decirle a su empleador: “Como me estuviste descontando parte de mi salario, y el fisco ya no exige que cumplas con el impuesto, entonces quiero que me regreses lo que me quitaste”?

A decir del especialista, no. En términos legales, refiere, la parte de su salario descontada, a la hora de ser retenida por el ente gubernamental, se vuelve justo en ese momento recurso del fisco, y ya no le pertenece ni al empleado ni al empleador.

Es precisamente por eso que haberlo desviado a otros fines es una “conducta típica de delito a la que se refiere el artículo 109 del Código Fiscal, que implica que hay un menoscabo, que hay una conducta que está defraudando y afectando al fisco federal, y es éste el que está facultado en su caso de las querellas o denuncias”.

El 18 de junio de 2013 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con los mandatarios de las potencias del mundo que forman parte del G-8, para comprometerse a combatir juntos la evasión fiscal internacional. Aquí, en el país, al mismo tiempo, el SAT cancela los adeudos de los gobiernos de los Estados, de los municipios, y cualquier otra instancia pública que así lo desee, sin mayores consecuencias.

Otra incongruencia que apunta el especialista: el Gobierno federal constantemente expresa que la recaudación fiscal en el país es muy baja con respecto a la de otros países, lo que hace depender el gasto público en gran medida de la renta petrolera. Siendo así, ¿por qué desprenderse entonces de recursos que ya habían sido descontados de los servidores públicos, y que debieron ingresar a las arcas federales?

Por si fuera poco, recordó, en 2013 todos los entes gubernamentales tendrán un descuento sobre el entero del ISR de 60% y en 2014, de 30 por ciento.

BENEFICIADOS
Las quitas aprobadas en Jalisco

Poder Ejecutivo 259 millones 793 mil 844 pesos (según su cuenta pública).

Ayuntamiento de Guadalajara 130 millones de pesos.

Congreso del Estado 94 millones 457 mil 114 pesos.

Ayuntamiento de Tonalá 27 millones de pesos.