GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Entre hoy y el jueves se votan las leyes secundarias anticorrupción a nivel local en el Congreso de Jalisco. Se trata de la “letra chiquita”, en donde puede fincarse la credibilidad o la simulación del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEA).Organismos de la sociedad civil, académicos y expertos, encabezados por Jalisco Cómo Vamos, enviaron a la diputada panista María del Pilar Pérez Chavira, Presidenta de la Comisión Especial Anticorrupción, sus propuestas para plasmar esa “letra chiquita”.En resumen, estas son las condiciones que ponen a los diputados:El artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo debe reformarse para que se acabe el voto secreto de los diputados cuando se trata de designaciones de servidores públicos.Para los legisladores siempre ha sido un alivio tirar la piedra y esconder la mano.Hoy, por ejemplo, es un misterio saber quién votó por el ex Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes. Luego del escándalo en el que se vio envuelto al tener antecedentes penales, los partidos lo negaron más de tres veces.Los Comisionados del ITEI, el Auditor Superior del Estado, el fiscal general, el fiscal especializado en delitos electorales y el de combate a la corrupción, así como los magistrados del tribunal de justicia administrativa, todos deben ser elegidos por una convocatoria.Nada de que yo, gobernador, o nosotros, partidos, enviamos una terna de amigos para elegir a nuestro “gallo”.El proceso debe ser por medio de una convocatoria, quienes cumplen requisitos y tienen el mejor perfil, son seleccionados por el Comité de Participación Social del SEA –en donde no hay políticos– y se envía una propuesta a los diputados de los mejores.Finalmente, al menos las dos terceras partes de los diputados deben elegir al mejor. Y su voto, reiteramos, debe ser público por ley.Las declaraciones patrimoniales y de intereses deben ser públicas en Jalisco para todos los burócratas, salvo en los rubros cuya exposición pueda afectar la vida privada de los declarantes.Para eso, se debe dejar claro quiénes son funcionarios públicos: “los organismos constitucionalmente autónomos, partidos político, equipos de transición, sindicatos, universidades públicas”. También quienes presten servicios en organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria.Todo estos no deben estar exentos de declarar su tres de tres.Otra propuesta es que los actos de corrupción no prescriben a los siete años como quieren los políticos. Hoy, actos ilícitos cometidos en torno a la Villa Panamericana, por ejemplo, no podrán ser castigados porque han prescrito.La corrupción no debe perdonarse porque pasó mucho tiempo.Por todo esto, esta semana los diputados de Jalisco eligen: plan anticorrupción creíble o pura simulación.EL INFORMADOR / JONATHAN LOMELÍ
