Órgano investigador en Zapopan revisaría también a los regidores

ZAPOPAN, JALISCO.-  El nuevo órgano autónomo de investigación y sanción que desarrollan la Sindicatura y la Secretaría General de Zapopan, junto con la Contraloría Municipal, podría estar facultado para comenzar indagatorias acerca de la actuación de los regidores que integran el pleno del Ayuntamiento.

Así lo informó el contralor municipal, Jorge Sandoval González: “Existiendo una figura jurídica independiente o autónoma, tendría más atribuciones para que inclusive llegara a investigar al máximo órgano de Gobierno”, refiriéndose al pleno del Ayuntamiento.

“No tanto sancionarlos (a los regidores), porque ellos tienen un fuero constitucional, pero sí podríamos tratar de iniciar procedimientos administrativos o de investigación para que en el Congreso del Estado sean los que puedan integrarlo dentro de un proceso de juicio político”, indicó Sandoval González.

En días pasados, este diario dio cuenta de la existencia del proyecto que busca conjuntar en un nuevo órgano autónomo las facultades para investigar y sancionar de la Contraloría y la Sindicatura, con el fin de garantizar su independencia frente a los grupos políticos que encabezan las administraciones municipales.

El contralor de Zapopan informó que la intención nació hace un año, cuando en un foro realizado en Querétaro conocieron el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, creado por ese Ayuntamiento, cuya principal función es la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de aquel Estado.

“La Contraloría”, dijo su titular, “está muy limitada en cuestión de atribuciones de sanción, únicamente podemos sancionar para efectos de la utilización indebida de recursos en materia vehicular, en choques, robos, pero no sobre una responsabilidad administrativa o laboral de los servidores públicos. Esas atribuciones con las que nosotros en su momento coadyuvamos con la Sindicatura, se ven coartadas, nada más como Contraloría hacemos la investigación correspondiente, integramos el expediente y tenemos la obligación de turnarlo a la Sindicatura”.

La Sindicatura sigue entonces con la formulación del procedimiento de responsabilidad administrativa, sobre el que finalmente se pronunciará el presidente municipal. Esta mecánica actual para sancionar a funcionarios públicos no sólo no puede garantizar la imparcialidad en sus distintas etapas procesales, sino que ha terminado por “truncar” investigaciones, como lo explica a continuación el funcionario:

“El punto favorable adicional (en la creación de un órgano autónomo) es que todo el trabajo que realice no se vería trunco, sino que se le daría una continuidad legal dentro de los procesos en los propios tiempos que marca la ley”.

- ¿La Contraloría ha realizado investigaciones que no se siguieron debidamente?
Puedo decir que me siento orgulloso del trabajo de mis auditores, ciertamente hay trabajos que se turnan a otras instancias y no se les da la debida importancia documental y quedan dentro del proceso”.

¿Puede citar alguna investigación en particular?
Tenemos una investigación muy importante en la Dirección de Catastro, donde se había demostrado actos de corrupción, pago de dádivas por hacer algunos trámites en forma irregular, como bajar valores catastrales, hacer transferencias patrimoniales con falta de requisitos y la expedición apócrifa de certificados de no propiedad para efectos de algún crédito bancario o hipotecario. Lejos de haberse seguido por una vía penal se siguió por la vía administrativa y ahorita los empleados están amparados.

Estas declaraciones de Sandoval González, aunque no de forma explícita, representan un serio cuestionamiento a la actuación de la Sindicatura; según refirió posteriormente, algunos de los trabajadores de Catastro investigados fueron reubicados a otras áreas de la dependencia.

El contralor asevera no haber recibido durante su gestión la orden de seguir alguna “línea” en sus actuaciones, y sobre su filiación partidista blanquiazul, dijo: “Creo que las creencias que tengamos ideológicas, partidistas, religiosas o de cualquier otro tipo, debe ser independiente a la labor que se va desempeñando, puedo demostrar que mi actividad profesional ha sido apartidista totalmente y he tenido que ir en contra de servidores que son miembros del PAN, como de la administración pasada (del PRI), no ha habido distingos”.

De no politizarse la propuesta de creación, el contralor considera que su aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento sí podría darse en lo que resta de la actual administración. Para ello, en pocos días comenzará la realización de mesas de trabajo, aunque según lo ha dicho la secretaria general, Teresa Brito Serrano, la propuesta está muy avanzada.

Un tribunal municipal de Zapopan

El Ayuntamiento de Querétaro se colocó a la vanguardia con la creación de su Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, el 12 de abril de 2005, como un organismo público desconcentrado. Funciona a partir de las denuncias ciudadanas contra actos de corrupción de servidores públicos de una manera independiente a los grupos políticos en el poder.

“Los órganos de control interno en el sector público de nuestro país cuentan con diversas atribuciones desde su aparición, entre las que se cuentan fundamentalmente la relativa  a realizar revisiones y auditorías y la correspondiente a sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, aplicar las sanciones que de ellos se deriven”.

“Es el caso que la concentración de las atribuciones señaladas deriva en la problemática de ubicar a estos órganos en una situación de desventaja, al constituirse en juez y parte dentro de los procedimientos a su cargo”, se puede leer en un documento de difusión del tribunal.

Telón de fondo  

El titular de la Sindicatura de Zapopan, Ricardo Anguiano Apodaca, ha dicho que la intención es que el nuevo órgano de investigación y sanción municipal esté encabezado por una junta de gobierno que tendría integrantes ciudadanos, lo cual sería distinto con respecto al tribunal de Querétaro, que es presidido por un magistrado.

Otra de las impulsoras del proyecto, Brito Serrano, secretaria general del Ayuntamiento declaró a este diario que las características que se incluirán en la iniciativa traerán “tranquilidad y certidumbre jurídica” en las investigaciones que se realicen en el interior de la administración municipal.

“Tenemos una Contraloría Municipal que gravita en la esfera administrativa municipal, que depende de la administración pública municipal, y que por ende, podría no ser tan imparcial como es que la necesitamos”, dijo.