Nuevo reglamento de la Policía tapatía considera facultades de tránsito

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2011).- El próximo reglamento para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara no sólo contendrá las disposiciones de la Ley General del SNSP (la dependencia deberá dejarse de llamar así, para ser Comisaría General), también considerará algunas adecuaciones propias, como el otorgamiento a los elementos tapatíos de las facultades que actualmente ostentan los agentes de tránsito.

Es decir, el proyecto de reglamento que se encuentra en estudio edilicio le concede a los policías la facultades que ahora sólo ejerce la Secretaría de Vialidad y Transporte de Jalisco, según lo dio a conocer el autor de la iniciativa de este cuerpo de normas, y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, Karlos Ramsses Machado Magaña.

“Le damos facultades de tránsito a la Policía bajo el razonamiento de que existen aproximadamente para toda la zona metropolitana tres mil policías de tránsito, nosotros al facultar a la Policía ampliamos el manejo de supervisión inmediatamente; resulta ilógico que en un accidente vial la autoridad municipal no puede resolver absolutamente nada, nos tenemos que esperar a que llegue tránsito”.

De esta forma, los agentes de tránsito dejarían de ser los únicos que pueden hacer revisiones a los vehículos sobre sus trámites administrativos, ahora también las harían los policías, “en razón de checar si tiene refrendo pagado, si tiene las calcomanías, de tal manera que ya no se podría catalogar como una detención ilegal”.

El objetivo es firmar con la Secretaría de Vialidad un convenio al respecto, que está en elaboración, y sobre el que no ha comenzado el proceso de gestión. Ésta es una de las dos razones por las que la iniciativa del nuevo reglamento, que se presentó por el edil desde el comienzo del año 2010,  aún no se haya aprobado.

La otra es que el Congreso del Estado siga sin marcar la pauta en la adaptación de la Ley del SNSP, al mantener sin aprobación la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley de Control de Confianza.

“Lo ideal debe ser primero que salga del (Congreso del) Estado (la ley correspondiente) y que todos los municipios, a la par, homologuemos nuestro reglamento, porque la estructura policial cambia, el director de la Policía ya no es director, ni secretario, ya es comisionado, imagina el caos que se generaría si Zapopan está homologado (ejemplifica), Guadalajara no, Tlaquepaque sí…, tendríamos, incluso, hasta problemas de comunicación para la coordinación entre las Policías”.

Pese a este planteamiento, expresa que su intención es que se aprueben en el Ayuntamiento algunos apartados, como el referente a la aplicación de las pruebas de control de confianza (lo que ya se hizo en Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan), aunque avizora vicios en su vigencia si continúa la quietud de los legisladores: “Tendría vigencia definitivamente (el reglamento), pero estaríamos ahí en un conflicto de normas, lagunas jurídicas que no llevarían realmente al cabal funcionamiento de la ley”.

En este sentido, la postura del regidor coincide con una respuesta obtenida por este diario de parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que a una solicitud de información, precisó con respecto a la puesta en marcha de la Carrera Policial que marca la Ley General del SNSP:

“Sobre la Carrera Policial y el avance que registra, puede establecerse que mientras el Congreso del Estado no emita la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, o cualquier otra que se ajuste a los postulados de la Ley General del SNSP, no podrá aplicarse ordenadamente un servicio de Carrera Policial”.

Ramsses Machado, quien muestra su familiaridad con la legislación del SNSP y las reformas constitucionales que la acompañaron, profundiza acerca de las consecuencias en la carencia de las leyes estatales en la materia:

“Esto nos pone a nosotros los municipios en un gran estado de indefensión, porque la Ley del SNSP cataloga como delito el no seguir sus especificaciones. Habla de que es un delito dar de alta a un policía sin antes haberlo certificado, pero no es un delito hasta que el Estado lo tipifique como tal. En tanto, lo que pongamos nosotros (en las normas municipales) va a ser letra muerta”.