Levantamiento “ilegal” de clausuras en proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla

GUADALAJARA, JALISCO.-  Las autoridades comunales de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en el Municipio de Mezquitic, denuncian que el levantamiento de las clausuras impuestas a las obras del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla (en septiembre y octubre de 2008, en los tramos del kilómetro 70 al 89 y del 61 al 70) “es ilegal”, pues argumentan que se realizó sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, “particularmente aquellas que se encuentran en los terrenos en posesión y bajo régimen de propiedad de nuestra comunidad”, y exigen que se resuelva una clausura total de la obra.

Esto lo argumentan con la respuesta que recibieron de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Ley de Transparencia (folio 1600040808, 18/02/08), de que este trámite no existe para el plan carretero encabezado por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el cual fue detenido en febrero de 2008 después de que se detectaron daños ambientales y de que la comunidad se amparó al detectar que estas dependencias realizaron una acta de asamblea “apócrifa” para iniciar las obras.

De acuerdo con el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, “el cambio de uso de suelo forestal únicamente podrá otorgarse de manera excepcional a quien presente original y copia certificada del título de propiedad. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio de uso de suelo en el terreno respectivo”.

Con este argumento legal, la comunidad de Santa Catarina (Tuapurie en huichol) señala que es la única y legítima propietaria de estos predios y reiteran su postura de no conceder la posesión a representantes del Estado ni a las empresas constructoras que operan “ilegalmente a su amparo y bajo sus instrucciones”.

Todo esto lo estipulan en un documento que entregaron la semana pasada a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat y al delegado de esta dependencia en Jalisco, y que hoy se enviará a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Asimismo, destacan que el requerimiento de estudios de daños ambientales solicitados por la Profepa  al Gobierno de Jalisco y a sus empresas constructoras para regularizar su situación y concluir los procedimientos sancionatorios carece de fundamento legal, ya que la única autoridad competente para regularizar la situación “ilegal” (del cambio de uso de suelo forestal) en la que se encuentra el proyecto, es la Semarnat.

Resaltan que las clausuras deben permanecer y que, de no hacerlo, el Gobierno de Jalisco y las empresas constructoras estarían cometiendo delitos del orden federal que son materia de la denuncia que interpuso la asociación civil Conservación Humana (AP 1949/UEIDAPLE/27/2008) ante la Procuraduría General de la República, por delitos ambientales en Área Natural Protegida.

Por último, dan a conocer que acudirán a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, para que investiguen las omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental federal por parte del Gobierno de Jalisco.

El documento fue redactado por abogados especialistas en temas ambientales de Conservación Humana y aprobado por la comunidad wixáritari (huichol) el pasado 22 de febrero.