La Policía Investigadora busca al ex tesorero de Tlajomulco

-Giran oficio para obtener orden de aprehensión
en contra de ex funcionario

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (07/JUN/2011).- Por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desvío de recursos municipales, el anterior tesorero de Tlajomulco de Zúñiga, Carlos Romero Chávez, es buscado por la Procuraduría General de Justicia del Estado ( PGJE); deberá responder por la emisión y cobro de cheques hacia el final de la administración pasada, por un monto exacto de 78 millones 286 mil 185 pesos.

Enrique Alfaro Ramírez, presidente en funciones de esa localidad, celebró que la fiscalía estatal resolviera de esta manera una de las ocho denuncias penales que se han interpuesto en detrimento de la administración pasada por diversas irregularidades, detectadas al inicio de su gestión, en enero de 2010.

“Lo que sucedió hoy viene a ser una noticia importante para Tlajomulco, como un municipio que estableció un compromiso con el combate a la impunidad. Hace un año y cuatro meses se dijo que la ruta contra las acciones (irregulares) de las autoridades iba a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Según el abogado que ha llevado el caso, Rodolfo Monarque, el ex funcionario será aprehendido por haber incurrido en el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, en su modalidad de pago indebido. Reconoce que Carlos Romero podría buscar interponer un recurso de amparo a su favor, aunque esto “de ninguna manera lo exime de su responsabilidad”, por lo que habrá de dar la cara por el numerario de referencia.

El litigante aplaudió la “valentía”, tanto del Ministerio Público como del juez décimo tercero, Salvador Rivera, para “animarse a aplicar el código penal”, cuando se ha tenido un antecedente histórico de reticencia en este sentido. Añadió que la administración municipal actual ha tenido gran voluntad para llevar hasta las últimas consecuencias estos señalamientos, que se hicieron hace casi año y medio.

“En este momento la Procuraduría de Justicia tiene la orden de aprehensión y se está buscando su localización; el desenlace puede ser de auto de libertad o de auto de formal prisión”.

Enrique Alfaro expuso que esta resolución “manda una señal positiva” del actuar de la fiscalía, toda vez que no se tomaron en cuenta asuntos partidistas.

Y en referencia al ex presidente municipal, Antonio Tatengo Ureña (quien también es señalado por delitos diversos en las actuaciones que obran en poder de la Policía Investigadora), el primer edil se dijo confiado de que la historia eventualmente se repita, aunque ahora en contra de su predecesor.

Ismael del Toro, secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco, precisó que, desde que se ha tipificado el desvío de recursos como un delito, esta es la primera vez que se emprende una orden de aprehensión en contra de un servidor público que, se presume, obró en desapego de sus funciones.

En este tenor, Alfaro Ramírez dijo reconocer a las voces que lo criticaban por convocar medios de información para atestiguar sus múltiples visitas a la Procuraduría de Justicia, pero que desde el inicio se dijo que “iba a ser una ruta de resistencia y no velocidad”, por lo que hoy se siente satisfecho de la resolución a la que han llegado las autoridades.

Ahora, dice, espera que el resto de las denuncias lleguen a buen término, y finalmente se haga justicia por las “tropelías” cometidas en la administración previa. En específico, señaló que la intención es que Tatengo Ureña vaya tras las rejas.

PARA SABER:

Desde año y medio a la fecha, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga ha interpuesto ocho denuncias penales en contra de, al menos, cuatro ex servidores públicos de primer nivel de la administración anterior.

Los delitos por los que se les señalan van desde peculado, falsificación de documentos y pagos indebidos, así como graves inconsistencias en el Consejo Municipal del Deporte (Comude), y áreas como Desarrollo Urbano, el DIF municipal, Obras Públicas, el Taller Municipal, la Tesorería y la Presidencia.

En suma, las actuaciones involucran un ejercicio irregular de cerca de 500 millones de pesos, que fueron erogados con vastas anomalías, en su mayoría hacia el cierre de la administración (diciembre de 2009).


EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA