GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Las demandas laborales contra entidades públicas continúan afectando las finanzas, principalmente de los ayuntamientos. Mientras de enero de 2010 a julio de 2013 el Tribunal de Arbitraje y Escalafón registró dos mil 745 laudos en Jalisco, de agosto de 2013 a septiembre de 2016 el número ya se duplicó a cinco mil 239.En los últimos tres años el Ayuntamiento de Guadalajara ha sido el más afectado, con mil 12 laudos. La titular de la Sindicatura, Bárbara Casillas, afirma que sólo este año pagaron 40 millones de pesos a extrabajadores. Y precisa que aún hay dos mil 58 juicios activos.En ese sentido, el diputado Jorge Arana, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, asegura que los municipios tienen laudos pendientes por cinco mil millones de pesos.Para Jaime Acosta Espinoza, presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, una solución al problema que padecen las administraciones es que se reforme la Ley de Servidores Públicos para que se finquen responsabilidades a los funcionarios que, sin bases legales ni jurídicas, despidan a trabajadores. Explica que ha observado cómo las malas defensas por parte de las direcciones jurídicas y el alargamiento de los juicios provocan en muchas ocasiones que se dicten laudos cuantiosos.Guido Bugarín, presidente de la Academia de Derecho Laboral, comenta que, para frenar esta situación es necesario que al inicio de una administración se capacite en materia laboral a los abogados que defenderán estos casos. Añade que también se debe analizar una modificación a la Ley Federal del Trabajo para que durante el arranque de un Gobierno los nombramientos se ratifiquen ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje o la Junta de Conciliación para que los empleados justifiquen la relación de trabajo y el sueldo.Zapopan es otro afectado. El alcalde Pablo Lemus subraya que el municipio etiquetó 20 millones este año para los juicios perdidos y resume que enfrentan demandas por 180 millones de pesos.Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ayer el tope establecido en la Ley de Jalisco para el pago de salarios caídos en el caso de despidos injustificados: las instituciones públicas no tienen la obligación de pagar más de un año de salarios vencidos.Así lo decidieron los ministros al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del Congreso local contra tal disposición, al considerarla contraria al Artículo 123 constitucional, que establece el derecho a la reinstalación o indemnización de los servidores públicos para el caso de despido injustificado.También validaron las multas contra litigantes que promuevan actuaciones improcedentes en materia laboral.
