Emiten primeras órdenes de protección a adultos mayores

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2015).- Durante el 2014 el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor puso en operación el protocolo de protección para personas mayores de 60 años que son agredidas por sus familiares. El director del organismo que se creó en 2013, Luis Cisneros Quirarte, comentó que dos de los tres casos correspondió a maltrato de sus propios familiares.

En el primer caso se trató de una persona que perdió sus condiciones cognitivas por lo que olvidó regresar a su casa. El hombre fue localizado en el aeropuerto, pues buscaba tomar un avión rumbo a Perú, de donde es originario. "Pusimos el protocolo de alerta, enviamos a esta persona a un albergue con los gastos pagados hasta que pudimos localizar a los familiares. El tema se resolvió en buen término".

En los otros dos casos sí se comprobaron violencia física y psicológica, respectivamente. El director del instituto no quiso detallar la identidad de los agresores pero comentó que se trataba de los hijos de los adultos mayore s, quienes suelen "ejercer violencia psicológica al comentarles que ya no sirven para nada". En ambos casos, la Procuraduría Social entró para interponer las denuncias y se solucionó con Justicia Alternativa mediante la conciliación.

En 2014 el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor recibió por primera vez recursos, lo que pudo dar operatividad a los servicios que contempla la ley en la materia. Se atendieron a tres mil 500 personas, pero el tema de abandono y agresión a este perfil de población es recurrente, "tenemos todas las semanas dos o tres casos nuevos, que tratamos de atenderlos".

Las crisis económicas son un detonante para agredir a quienes no contribuyen a la manutención del hogar, siendo los niños y los adultos mayores los más vulnerables. Durante 2012 y 2013, la Fiscalía General del Estado recibió, en promedio, una denuncia por el delito de abandono de familiares cada 37 horas en los cuatro municipios de la metrópoli --Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá-- (250 y 218, respectivamente, en esos años), prácticamente el doble de las 127 que se presentaron en 2008, año en el que comenzó la más reciente crisis económica.

Desde ese año a marzo pasado, se han registrado 982 denuncias por este delito que, según el Código Penal del Estado, puede castigarse hasta con cuatro años de prisión y multa de hasta 40 días, suspensión o pérdida de la tutela o custodia, y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente.

EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA