De acuerdo con el director general de la instancia que contribuye al desarrollo de los organismos operadores en México, Roberto Olivares, la reciente paraestatalización de la operadora metropolitana le ha sentado bien, pues aunque "podría funcionar mejor", ahora pondera el perfil técnico en sitios antes ocupados por políticos. De hecho, califica al SIAPA como un "ejemplo de un sistema intermunicipal" que ha sorteado obstáculos cuando hay un cambio en las fuerzas políticas, y que tras los exabruptos que atravesó (desvíos de fondos, por ejemplo) se ha estabilizado. Por ello, la comparación con organismos homólogos como el de Tijuana, posicionado entre los mejores a nivel nacional, "sí cabe". "Al SIAPA lo tenemos muy bien identificado; hacemos un balance en un registro que ellos mismos nos entregan, pues no tenemos facultad para auditar, pero con base en los datos que tenemos sabemos cuál es el termómetro, digamos, si tiene o no satisfecha a la población que recibe los servicios". Y agrega: "Conozco la génesis (del SIAPA), su situación, cómo se ha presentado (...) La diferencia es que el conocimiento se tiene; por ejemplo en Conagua, en el sexenio pasado, había gente que no sabía lo que era un sistema de agua, y hoy está toda la gente de ANEAS que conoce la problemática: ahí está la diferencia. Es igual en SIAPA: hay gente que tiene años de experiencia en la materia y sabe cómo". No obstante, Roberto Olivares aclara que no es imperativo un perfil técnico en la cabeza, sino uno "gerencial" para dar buen rumbo a los organismos operadores del país. "No necesariamente tiene que ser un ingeniero o técnico, sino que tenga un concepto gerencial para que vea integralmente la problemática de cada una de las áreas: comercial, informática, de planeación, de administración. Cuando voy a un organismo no veo los flujos hidráulicos, sino los financieros, que es lo que importa y refleja el diagnóstico". La ANEAS ha sostenido diálogos con el Poder Ejecutivo Federal para que se contemple una modificación constitucional al artículo 115, que establece la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a los ayuntamientos, y sea el esquema que mejor funcione (intermunicipal, regional o estatal) el que facilite el servicio, con toda atribución legal. "Es cuestión de enfoque y razonamiento de buena política para designar recursos donde hace falta; si invertimos y no gastamos el recurso en intrascendencias, y sí lo dedicamos a los servicios, estamos garantizando contener inconformidades sociales. Además: no hay mejor inversión que se pueda hacer que en los sistemas de agua", remata. EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
